Archivos de la categoría ‘JURISPRUDENCIAS’

TSJ-LOGO

Sentencia: N° 1054 fecha 18 de Septiembre de 2000.
Tema: Perención de la Instancia
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: De cuando se declara consumada la perención.
En este sentido, pudo constatar la Sala que, el último acto de procedimiento ejecutado en este juicio fue el 30 de marzo de 1990, fecha en la cual fue retirado el cartel de emplazamiento librado por el Juzgado de Sustanciación de la entonces Corte Suprema de Justicia y, como ya se dijo, desde esa fecha hasta el 10 de octubre de 1991, fecha en la cual fue también solicitada la perención de la instancia en la presente causa, no hubo actuación procesal dirigida a impulsar y mantener en curso el proceso, lo cual evidencia absoluta ausencia de actividad procesal.
En efecto, y tal como lo dispone el citado artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año contado a partir del último acto de procedimiento, por lo que en tal caso el Tribunal Supremo de Justicia, sin más trámites, debe declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte; y visto que, en la presente causa, desde la última actuación que se realizó el 30 de marzo de 1990 hasta el 10 de octubre de 1991, trascurrió con creces el espacio de tiempo previsto en el referido artículo 86, ha operado en este caso la perención de la instancia.
Sentencia: N° 1056 fecha 18 de Septiembre de 2000.

Tema: Procedimiento
Materia: Derecho Procesal
Asunto: Del lapso probatorio.

En el caso de autos, tal como lo señalara el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, la titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la citada Circunscripción Judicial, luego de anunciar que dictaría sentencia dentro del décimo día, la pronunció al día siguiente de recibido el expediente de la causa, sin dejar transcurrir el lapso probatorio contemplado en el artículo 893 del citado Código de Procedimiento Civil.
En las circunstancias que anteceden, la Sala estima que el Juzgado de Primera Instancia cercenó a las partes la posibilidad de ejercer el derecho a la prueba en la segunda instancia, incurriendo con ello en la violación de los derechos a la defensa y al debido proceso…
Sentencia: N° 1078 fecha 25 de Septiembre de 2000

Tema: Sentencia
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: De la ejecución de la sentencia.

En lo que concierne a su petición de que esta Sala se pronuncie sobre el comportamiento de la Juez Temporal del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, así como sobre el comportamiento del ciudadano Fabio Zerpa y de su apoderada judicial, la Sala advierte que, una vez dictada sentencia definitiva y proveídas las solicitudes a que se refiere el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, ha cesado su competencia para proveer sobre las solicitudes de las partes en la presente causa…”
“A propósito de la controversia suscitada entre las partes, en torno a la ejecución de la sentencia dictada por esta Sala en fecha 14 de agosto de 2000, y de las solicitudes reiteradas de la tercero interviniente, cabe precisar que, por intermedio de dicha decisión, este Supremo Tribunal anuló el aparte 2 de la sentencia accionada (…). A la vez, dejó incólume el aparte 1 de la sentencia accionada (…). Por tanto, visto el tenor de la sentencia pronunciada por esta Sala, a través de la cual se juzgó sobre el fallo del Tribunal Superior, a propósito de un agravio constitucional denunciado a su respecto, lo que procede es la ejecución inmediata del fallo del Tribunal Superior, parcialmente anulado. Sin embargo, dicha ejecución no compete a este Supremo Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil…
Sentencia: N° 1083 fecha 26 de Septiembre de 2000

Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la competencia de la Sala para conocer de los recursos ejercidos contra los Decretos.

En el caso de autos, visto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 336 numeral 1 de la Constitución de 1999, resulta esta Sala Constitucional el órgano jurisdiccional competente para conocer de la nulidad de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley emanados del Poder Legislativo Nacional, impugnadas por razones de inconstitucionalidad, y visto asimismo, que un acto general de dicha naturaleza, fue el que sirvió de fundamento para la emisión de los Decretos (…), estima esta Sala Constitucional, que le corresponde en el presente caso, aplicar de manera analógica lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia, debe asumir también la competencia para conocer del recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto contra las disposiciones contenidas en los referidos Decretos, aunque estos últimos actos, no sean de efectos particulares, a fin de evitar decisiones contradictorias, dada la conexidad que existe entre ambos instrumentos normativos. Así se declara.
Sentencia: N° 1090 fecha 26 de Septiembre de 2000

Tema: Procedimiento
Materia: Derecho Procesal
Asunto: De la constitución de los juzgados accidentales.

Según la recurrida, la providencia dictada, en fecha 16 de octubre de 1998, por el Juzgado Tercero Accidental de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante la cual la Juez (…) constituyó el referido Juzgado Accidental y se abocó al conocimiento de la causa, era un auto de mera sustanciación y, en consecuencia, inapelable…”
“Ahora bien, a los fines del ejercicio de dicha potestad, la citada disposición presupone la competencia del Tribunal Superior para conocer en grado de la causa.
En el caso de autos, el conocimiento de la citada providencia ordenatoria fue deferido al a quo por virtud del recurso de apelación. Si, a juicio del a quo, la providencia era irrecurrible, el citado Tribunal carecía de competencia para conocer en grado de la causa y, por tanto, no podía juzgar sobre la validez de aquélla.

TSJ-LOGO

Sentencia: N° 1111 fecha 03 de Octubre de 2000.
Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la competencia de la Sala.
En el caso de autos, visto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 336 numeral 1 de la Constitución de 1999, resulta esta Sala Constitucional el órgano jurisdiccional competente para conocer de la nulidad de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley emanados de la Asamblea Nacional, impugnadas por razones de inconstitucionalidad, y visto asimismo, que un acto general de dicha naturaleza, fue el que sirvió de fundamento para la emisión de la Resolución N° 078-94 dictada en fecha 29 de junio de 1994 por la citada Superintendencia; estima esta Sala Constitucional, que le corresponde en el presente caso, aplicar lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en razón de lo cual asume también la competencia para conocer del recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto contra las disposiciones contenidas en la referida Resolución, aun cuando este último acto, no sea de efectos particulares, tal asunción es necesaria para evitar decisiones -eventualmente- contradictorias, dada la conexidad que existe entre ambos instrumentos normativos impugnados.
Sin embargo, por cuanto se aprecia que en la presente causa ambos actos impugnados tienen contenido normativo y por tanto efectos generales, esta Sala Constitucional declara que, en caso de que se admita, resultará aplicable por analogía el procedimiento previsto en la Sección Segunda del Capítulo II del Título V de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, relativo a los juicios de nulidad de los actos de efectos generales y no el procedimiento establecido en la Sección Tercera del Capítulo II del TítuloV, relativo a los procedimientos previstos en los juicios de nulidad de los actos administrativos de efectos particulares a que se refiere el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Asunto:De la naturaleza de las medidas cautelares.
Dada la naturaleza accesoria y provisional de las medidas cautelares, estima esta Sala Constitucional que, al haberse declarado INADMISIBLE la acción principal, en este caso, el efecto inmediato de tal decisión es el decaimiento de la acción de amparo solicitada por los recurrentes para la inaplicación de la norma impugnada hasta tanto se decidiera dicha acción principal.
Sentencia: N° 1122 fecha 03 de Octubre de 2000.

Tema: Habeas Corpus
Materia: Derecho Penal
Asunto: Del desarrollo del procedimiento.

En efecto, de autos se desprende que, introducida la pretensión en fecha 18 de febrero de 2000, la misma fue juzgada en fecha 21 de febrero del mismo año, sin que conste la apertura y desarrollo del procedimiento de habeas corpus, previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ni del anunciado, en materia de amparo sobrevenido, en el artículo 6, numeral 4 in fine, de la citada Ley Orgánica.
En las circunstancias expuestas, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Apure, declaratoria sin lugar de la presente acción de amparo, no se funda en procedimiento judicial alguno y, en particular, en el procedimiento de amparo constitucional, cuyo desarrollo es constitucionalmente imprescindible para la validez del juicio que se pronuncie sobre la controversia sometida a conocimiento del Juez competente. Así se desprende de la fuerza obligatoria que a las garantías de los derechos fundamentales -y el proceso ante la jurisdicción es una de tales garantías- atribuye la disposición contenida en el artículo 19 de la Constitución de la República.
Sentencia: N° 1152 fecha 09 de Octubre de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De los actos dictados por la Asamblea Nacional Constituyente.

De tal forma, que en el caso de autos se cuestiona la constitucionalidad de un acto dictado por la Asamblea Nacional Constituyente con posterioridad a la publicación de la Constitución de 1999, motivo por el cual, el control de la constitucionalidad de dicho acto corresponde a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
Asunto: Del decaimiento.
Si bien es cierto que la referida acción de nulidad no se encuentra subsumida en alguno de los supuestos de inadmisiblidad previstos en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y cumple igualmente con las exigencias contenidas en el artículo 113 eiusdem, no obstante, observa esta Sala Constitucional, que la acción que se circunscribe a la impugnación de la norma establecida en el artículo 1 del citado Decreto ha decaido, en virtud de que el lapso de ciento ochenta días indicado por la referida norma y que disponía la suspensión de la discusión de la convención colectiva de Petróleos de Venezuela S.A, que comenzaba a computarse a partir de la entrada en vigencia del indicado Decreto, es decir, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial el día 2 de marzo de 2000, se ha consumado.
Motivo por el cual, habiendo decaído parcialmente la acción interpuesta en lo que respecta a los dipositivos normativos contenidos tanto en el artículo 1 como en el artículo 2 de dicho Decreto, donde se estableció además la inamovilidad de los trabajadores de la referida empresa mientras durara la suspensión de la indicada negociación, esta Sala Constitucional, en atención a que en el escrito libelar se indició con precisión el acto impugnado, el cual, como se señaló con anterioridad es el Decreto sin número de la Asamblea Nacional Constituyente dictado en fecha 30 de enero de 2000, y se indicó también las disposiciones constitucionales supuestamente violadas, esto es, las contenidas en los artículos 96 y 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenadas con las normas previstas en los artículos 3 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, 4 del Convenio 94 del mismo organismo multilateral y en las Bases Comiciales consultadas en el Referendum Aprobatorio de 25 de abril de 1999, explanadas satisfactoriamente las razones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la acción interpuesta, ADMITE la referida acción, pero en lo atinente a la impugnación a las previsiones contenidas en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del indicado Decreto, a lo cual deberá circunscribirse el desenvolvimiento de la litis y así debe hacerse saber a los recurrentes en su boleta de notificación.
Sentencia: N° 1153 fecha 09 de Octubre de 2000

Tema: Fisco Municipal
Materia: Derecho Tributario
Asunto: De la competencia.

De manera que, en un primer análisis, se observa que es el Poder Nacional (a través de la Asamblea Nacional) a quien corresponde originariamente por mandato constitucional -tanto en la Constitución de 1961, como en la Constitución vigente-, la competencia para legislar en materia de loterías, hipódromos y apuestas en general, y por cuanto corresponde a la reserva legal nacional, no podrían otros entes político-territoriales dictar normas sobre la referida materia.
En cuanto a los ingresos municipales, se observa que el legislador nacional, en la oportunidad en que dictó la Ley Orgánica de Régimen Municipal (es decir durante la vigencia de la Constitución de 1961) dispuso que, dentro de los ingresos de los Municipios, además de los previstos en el artículo 31 de la Constitución de 1961, estarían también los provenientes del gravamen de los juegos y apuestas lícitas que se pactaran en su jurisdicción…”
Con base a lo anterior, se evidencia que los Municipios gozan de una potestad tributaria que se encuentra limitada y que debe ejercerse de acuerdo a lo previsto en la propia Constitución y las leyes.
Sentencia: N° 1182 fecha 10 de Octubre de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la competencia de la Asamblea Legislativa Estadal.

En el sistema constitucional venezolano la competencia es materia de orden público, en virtud de lo cual las funciones estatales están distribuidas entre diversas autoridades, cada una de ellas con una función propia y especial que están llamadas a cumplir dentro de los límites que la Constitución y las leyes les señalan…”
“Conforme a los anterior, cuando el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional”, significa que cada ente político territorial del Poder Público, solamente tiene competencia para dictar sus leyes y actos dentro de los límites de los respectivos territorios que le asignan la Constitución y las leyes, y dependiendo de las materias que cada uno de ellos esté llamado a regular.
Con tal manifestación -como antes se expresó- la Constitución no hace otra cosa que consagrar un elemento esencial del Derecho Público, como lo es el principio de la competencia de los funcionarios y de los órganos públicos, precepto según el cual todas las actuaciones de la Administración están subordinadas a la ley, de modo que ésta sólo puede hacer lo que la ley le permite, de allí que, la nulidad sea la consecuencia jurídica de la inobservancia del aludido principio…”
Resulta claro entonces, que los Estados son favorecidos constitucionalmente por el principio de autonomía para organizar sus Poderes Públicos, sin embargo, debe entenderse que tal autonomía es relativa y por tanto está sometida a diversas restricciones establecidas en la Constitución y en la ley…”
Sentencia: N° 1197 fecha 16 de Octubre de 2000

Tema: Recurso de Nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Del derecho de igualdad.

Ahora bien, no todo trato desigual es discriminatorio sólo lo será el que no esté basado en causas objetivas y razonables, pero el Legislador puede introducir diferencias de trato cuando no sean arbitrarias, esto es, cuando estén justificadas por la situación real de los individuos o grupos, es por ello, que el derecho a la igualdad sólo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales, en consecuencia, lo constitucionalmente prohibido es el trato desigual frente a situaciones idénticas.
Como conclusión de los antes expuesto, esta Sala considera necesario señalar, que la cláusula de igualdad ante la ley, no prohíbe que se le confiera un trato desigual a un ciudadano o grupo de ciudadanos, siempre y cuando se den las siguientes condiciones: a) que los ciudadanos o colectivos se encuentren real y efectivamente en distintas situaciones de hecho; b) que el trato desigual persiga una finalidad específica; c) que la finalidad buscada sea razonable, es decir, que la misma sea admisible desde la perspectiva de los derechos y principios constitucionales; y d) que la relación sea proporcionada, es decir, que la consecuencia jurídica que constituye el trato desigual no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifica. Si concurren las condiciones antes señaladas, el trato desigual será admisible y por ello constitutivo de una diferenciación constitucionalmente legítima.
En el contexto normativo que antecede, la Sala estima que, en el caso de conflictos de competencia para conocer de controversias en materia de amparo constitucional, entre tribunales ordinarios o especiales, sobre los cuales no exista un tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico, la resolución de aquellos conflictos corresponde a esta Sala Constitucional. Así se declara.
6 En lo que concierne a la competencia para proveer sobre la consulta elevada por la Corte Marcial de la República, la Sala observa que, con fundamento en los artículos 335 de la Constitución de la República y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ha declarado su propia competencia para conocer de las consultas y recursos de apelación que se ejerzan contra las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten las Cortes de Apelaciones en lo Penal; y que, en el ámbito de la jurisdicción penal militar, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 593, ordinal 3°, del Código Orgánico de Justicia Militar, la Corte Marcial ejerce las funciones de las Cortes de Apelaciones. Por tanto, vista la equivalencia funcional entre ambas Cortes, procede declarar la competencia de esta Sala para conocer también de las consultas y recursos de apelación que se ejerzan contra las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicte la Corte Marcial de la República.
Sentencia: N° 1220 fecha 18 de Octubre de 2000

Tema: Sentencia
Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: De la notificación del fallo.

La lectura concorde de las disposiciones transcritas, a la luz de las disposiciones previstas en el artículo 1 del referido Código Orgánico, y en los artículos 26 y 49, numeral 1, de la Constitución de la República, autoriza a reconocer, entre otros puntos, que el derecho a la defensa comprende el derecho a conocer y recurrir del fallo; que el derecho al recurso debe ser ejercido dentro del lapso de Ley; y que éste comienza a correr luego de la notificación de las partes.
Por tanto, las partes tienen derecho a ser notificadas del fallo, en los términos y condiciones previstos por la Ley, toda vez que dicha notificación hace posible el conocimiento del fallo en referencia y condiciona el ejercicio oportuno del recurso, a los fines de hacer efectivo el acceso a la segunda instancia.
En el caso de autos, la Sala observa que el Juzgado 1° de Juicio incumplió el deber de notificar a las partes, en los términos y condiciones previstos por la Ley, el fallo mediante el cual se infringió a éste el derecho a la defensa y al debido proceso.
Sentencia: N° 1253 fecha 24 de Octubre de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Electoral
Asunto: De la jurisdicción Contencioso Electoral.

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se produjo un cambio sustancial respecto de la distribución horizontal del Poder Público Nacional, con lo cual se modificó en gran medida el ordenamiento jurídico, al incorporar 2 nuevos poderes -el Ciudadano y el Electoral- este último con la finalidad de lograr mayor independencia y autonomía funcional a los órganos encargados de desarrollar la actividad electoral.
En razón de ello, la nueva Constitución dispone un Capítulo referente al Poder Electoral -Capítulo V del Título V- el cual establece las bases, mecanismos y sistemas que sirven de marco para la creación de una nueva cultura electoral, cuyo fin fundamental es la participación directa del ciudadano en la formación y control de la gestión pública, a través de su intervención en diversos procesos, tales como la elección de cargos públicos, referenda, consulta popular, revocatoria del mandato, entre otros, de carácter vinculante.
Asimismo crea la jurisdicción contencioso electoral, la cual tiene como fundamental objetivo el control judicial de los actos, actuaciones y abstenciones de los órganos que la integran, tal como lo señala el artículo 297 de la Carta Fundamental, Por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley.
Sentencia: N° 1254 fecha 24 de Octubre de 2000

Tema: Procedimiento
Materia: Derecho Procesal
Asunto: Del proceso judicial especial.

La aspiración de adaptar el proceso judicial a las exigencias de la causa ha dado lugar a la implantación legislativa de procedimientos distintos al ordinario, cuya especialidad, como regla, se halla condicionada por la naturaleza de la pretensión del actor…”
A juicio de la Sala, la cuestión del procedimiento adecuado debe ser examinada y resuelta con carácter previo y, por tanto, como ya se indicó, su dilucidación debe ser anterior y no debe envolver juicio alguno sobre puntos como la existencia de la relación contractual o la legitimación de las partes.
Sentencia: N° 1267 fecha 26 de Octubre de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Tributario
Asunto: De la Ley Orgánica de Aduanas.

En este sentido, la Ley Orgánica de Aduanas establece en su artículo 11, que cuando las mercancías hubieren sido retiradas de la zona aduanera sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley, el Fisco Nacional podrá perseguirlas y aprehenderlas. Asimismo consagra en su artículo 153 que las funciones del resguardo aduanero estarán a cargo de las Fuerzas Armadas de Cooperación; esto en concordancia con lo establecido en el artículo 452 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas…
Sentencia: 1271 fecha 26 de Octubre de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho de Autor
Asunto: De las medidas cautelares.

A juicio de esta Sala, en el caso de autos el punto de derecho que se somete a su conocimiento es la posibilidad de aplicar analógicamente la normativa contenida en los artículos 109, 111 y 112 de la Ley sobre Derechos de Autor, que regula lo concerniente a las medidas cautelares anticipadas en protección a los derechos consagrados en dicho cuerpo normativo, a la protección de signos distintivos y marcas comerciales, materia propia del Derecho Marcario, el cual, a decir de los accionantes dispone de su propia legislación, a saber, la Ley de Propiedad Industrial y los Acuerdos Internacionales sobre la materia, principalmente la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.
Adicionalmente someten a consideración de esta Sala, la procedencia o no de la oposición a las medidas cautelares anticipadas previstas en la Ley sobre Derechos de Autor y la posibilidad de caucionar a los fines de la suspensión de las mismas, conforme a las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, ya que la decisión cuya revisión solicita la parte actora declaró inadmisible la acción de amparo inicialmente propuesta por falta de agotamiento de esas vías procesales ordinarias.

TSJ-LOGO

Sentencia: N° 899 Fecha 01 de Agosto de 2000
Tema: Proceso de Intervención
Materia: Derecho Mercantil
Asunto: De las medidas preventivas o ejecutivas.
De las circunstancias que anteceden, así como del contenido de las disposiciones transcritas, se desprende que, en el caso de la sociedad mercantil CORPORACIÓN MIRANDA S.A., fue acordada su intervención y liquidación; que no hay constancia de que, en el caso de autos, se trate de una gestión judicial de cobro proveniente de hechos posteriores a la intervención, o de obligaciones cuya procedencia haya sido decidida por sentencia definitivamente firme, antes de la intervención; que, en el caso de la citada sociedad mercantil, es aplicable la disposición normativa que ordena la suspensión de toda medida preventiva o ejecutiva librada en su contra, y que prohíbe la continuación de las gestiones judiciales de cobro que se hubiesen iniciado a su respecto; que la satisfacción de los créditos existentes contra la referida sociedad mercantil debe intentarse mediante el procedimiento administrativo llevado a cabo por el Fondo de Garantía de Depositos y Protección Bancaria (FOGADE), debiendo acordarse el pago de las obligaciones, de la empresa en liquidación, en el orden previsto en el artículo 261 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras; y que, de conformidad con la excepción contemplada en el artículo 3 in fine del Código de Procedimiento Civil, debe cesar la competencia de los tribunales que hubiesen estado conociendo de acciones de cobro contra empresas sometidas a intervención o liquidación.
Sentencia: N° 914 Fecha 06 de Agosto de 2000

Tema: Hipoteca
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: De la acción de amparo en el juicio ejecutivo.

La decisión apelada declaró la inadmisiblidad del amparo interpuesto, por considerar que la quejosa recurrió a otras vías judiciales para ejercer la acción que consideró pertinente ya que -según dicho fallo- la accionante procedió a denunciar los mismos hechos ante el Ministerio Público.
En este sentido, esta Sala observa que de la revisión de las actas procesales puede verificarse la idoneidad y lo infructuoso que resultó la vía penal ejercida por la hoy accionante a los fines de evitar o impedir un daño existente o uno ciertamente inminente e irreparable, toda vez que, aún eixtsiendo una denuncia penal en contra de las partes en el juicio civil -ejecutante y ejecutado- por la presunta comisión de un delito contra la propiedad -fraude- el Tribunal de la causa desechó, en sendas oportunidades, la petición formulada por la Fiscal respectiva del Ministerio Público sobre la paralización del juicio ejecutivo; antes por el contrario, ordenó su continuación, siendo el subsiguiente acto procesal el remate y adjudicación del bien hipotecado.
En este contexto, estima la Sala que, en el presente caso, la referida solicitud penal presentada por el Ministerio Público de conformidad con el artículo 292 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de la paralización del juicio civil, no fue suficiente para lograr la protección inmediata de la lesión constitucional alegada, por lo que la denuncia que originó dicha investigación penal no puede considerarse como un medio eficaz, breve y expedieto tendente al restablecimiento de la situación jurídica que se alega infringida…
Sentencia: N° 924 Fecha 08 de Agosto de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la infracción de normas de orden público y constitucional.

En los casos de infracción de normas de orden público y constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, podrá hacer pronunciamiento expreso, aunque dichas normas no hayan sido denunciadas por los interesados de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, porque con ello se amplía el control de la legalidad de la sentencia, en beneficio de las partes y en defensa de los derechos objetivos consagrados en la Constitución, a fin de cumplir con la prestación jurisdiccional del Estado.
El Tribunal Supremo de Justicia tiene el propósito de mantener los principios legales y a tales efectos corregir toda falsa interpretación o aplicación de la ley, pudiendo declarar de oficio las infracciones constitucionales y de orden público, por ser guardián y garante del derecho positivo existente y en protección de los derechos humanos de los particulares.
Sentencia: N° 939 Fecha 08 de Agosto de 2000

Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De las causales de inadmisiblidad.

En este contexto es menester indicar que la postura que sirve de fundamento al fallo apelado ha sido corregida progresivamente por esta Sala hasta el punto de considerar que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria (vid sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 entre otras); no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía -amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador.
Ahora bien, en el presente caso la empresa accionante no ha expuesto motivo alguno que permita a esta Sala llegar al convencimiento de que el medio idóneo para lograr una efectiva tutela judicial era el amparo, en razón de lo cual, la acción propuesta debe desestimarse por cuanto la accionante no agotó la vía ordinaria, de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Sentencia: N° 943 Fecha 08 de Agosto de 2000

Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Lo que procede contra una sentencia definitiva de primera instancia pronunciada en una causa de amparo.

Ahora bien, esta Sala tiene establecido que lo que procede contra una sentencia definitiva de primera instancia, pronunciada en una causa de amparo, es el recurso de apelación o, en su defecto, la consulta, pero no el ejercicio de una nueva acción de amparo.
Sentencia: N° 951 Fecha 08 de Agosto de 2000

Tema: Bases Comiciales
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Competencia de la Sala.

De manera que, habiendo sido asimilado el rango de las Bases Comiciales con el más alto escalafón de la jerarquía normativa en el Proceso Constituyente, es esta Sala Constitucional el tribunal competente para decidir de las acciones intentadas contra los actos de ejecución de dichas Bases, por cuanto el Constituyente de 1999, definió el régimen competencial de la Sala Constitucional, atendiendo al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, las dictadas en ejecución de las normas constitucionales, que son las de más alta jerarquía dentro del Poder Constituido. En el caso de autos, el Decreto impugnado fue dictado en ejecución directa de las Bases Comiciales, con la finalidad de “transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico”. En razón de lo cual, esta Sala resulta competente para conocer de la acción intentada.
Sentencia: N° 952 Fecha 08 de Agosto de 2000.

Tema: Nulidad ejercida conjuntamente con acción de amparo.
Materia: Derecho Tributario
Asunto: Del derecho de propiedad en la Ley Orgánica de Aduanas.

Con base a las normas anteriormente expuestas, se observa que si bien la propiedad es un derecho sujeto a determinadas limitaciones que deben encontrarse acorde con ciertos fines, tales como la función social, la utilidad pública y el interés general, tales limitaciones deben ser establecidas con fundamento en un texto legal, o en su defecto reglamentario que encuentre remisión en una Ley, no pudiendo, en caso alguno, establecerse restricciones de tal magnitud que menoscaben en forma absoluta tal derecho de propiedad.”
“De lo anteriormente expuesto, se colige que el derecho de propiedad reconocido constitucionalmente puede ser restringido por el Estado por medio de una ley, con fines de utilidad pública o de interés general, pero sin menoscabar el contenido esencial de tal derecho.
En ese sentido, esta Sala observa que, en el caso concreto, la norma contenida en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas no constituye una amenaza inminente de violación del derecho de propiedad de los accionantes, ya que la prohibición del desaduanamiento de bienes importados tiene su razón de ser, en la salvaguarda de derechos de propiedad intelectual previamente obtenidos en el país o derivados de acuerdos internacionales en los que la República es parte.
Asunto: De la prohibición de desaduanamiento en la Ley Orgánica de Aduanas.
La prohibición de desaduanamiento contenida en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas, tiene su sustento en la protección de derechos de propiedad intelectual que presuntamente pudieran ser vulnerados por la importación de mercancías que atenten contra derechos de propiedad intelectual obtenidos en el país o derivados de acuerdos internacionales de los que la República es parte.
En tal sentido, tal prohibición es una medida de urgencia que debe ser adoptada de inmediato en aras de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual. Posteriormente a la prohibición de desaduanamiento, el importador o propietario de la mercancia cuestionada, será notificado de la retención de la misma, a los fines de poder ejercer su derecho a la defensa.
Con base a lo anterior, esta Sala observa que, ciertamente la Ley Orgánica de Aduanas no contempla un procedimiento posterior, a los fines de que el importador pueda exponer sus alegatos y promover las pruebas que estime pertinentes; no obstante, debido a tal ausencia, deberá sujetarse tanto el importador o propietario así como las autoridades aduaneras, al procedimiento consagrado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en atención a su aplicación supletoria que ordena el artículo 139 de la Ley Orgánica de Aduanas…
Sentencia: N° 953 Fecha 08 de Agosto de 2000.

Tema: Recurso de Nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la vigencia de las leyes.

A los fines de decidir, observa esta Sala que en fecha 8 de septiembre de 1998, fue publicada en la Gaceta Oficial N° 36.534 Extraordinario, una nueva Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que derogó la ley contra la cual los accionantes interpusieron su recurso de nulidad, ley ésta que a su vez se encuentra parcialmente derogada, ya que en virtud de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, dicho órgano ha desaparecido dentro de la estructura organizativa del Poder Judicial venezolano, previéndose la creación en su lugar de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que estará adscrita a este Tribunal Supremo de Justicia, según lo establecido en el artículo 267 de la Constitución vigente, a fin de ejercer el gobierno y la administración del Poder Judicial.”
“El criterio expuesto anteriormente, tiene su fundamento en que las leyes derogadas por la entrada en vigencia de un nuevo texto legal, pierden su eficacia en el ordenamiento jurídico, por lo que, de ninguna manera, las mismas pueden contradecir preceptos constitucionales; por lo que siendo ello así, concluye esta Sala, que las leyes derogadas, deben ser excluidas de la posibilidad de ejercer contra ellas el recurso de inconstitucionalidad, por cuanto las mismas no son leyes vigentes…
Sentencia: N° 954 Fecha 08 de Agosto de 2000.

Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la improcedencia del recurso por inaplicación de la norma.

De conformidad con el artículo antes citado, la Sala estima que en nuestro ordenamiento jurídico, las leyes, e igualmente la vigencia de las mismas comenzará tal y como lo dispone el artículo 1° del Código Civil “desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique”. Siendo ello así, considera esta Sala que la ley recurrida mediante el presente recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad, fue derogada al publicarse en la Gaceta Oficial, en fecha 08 de septiembre de 1998, la nueva Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.
Sentencia: N° 955 Fecha 08 de Agosto de 2000.

Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la competencia de la Sala en cuanto de los Decretos Presidenciales.

De lo anterior emerge, de forma indubitable, que el criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional, atiende al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, que dichas actuaciones tienen una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho contemporáneo. En consecuencia, por cuanto el Decreto impugnado en autos ha sido dictado en ejecución de la potestad conferida al Presidente de la República en el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y tiene -tal como lo dispusiera el Constituyente de 1999- rango y fuerza de Ley, y de conformidad con la competencia expresa otorgada a esta Sala en el numeral 3 del artículo 336, estima esta Sala Constitucional que en razón del rango del acto atacado, es esta Sala el tribunal competente para conocer y decidir de la acción propuesta en autos. Así se declara.
Sentencia: N° 986 Fecha 09 de Agosto de 2000

Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Competencia de la Sala Político-Administrativa para conocer de las apelaciones contra decisiones de amparo cautelar por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

En relación con la competencia para conocer de las apelaciones que se formulen en torno a las decisiones de amparo cautelar dictadas por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo actuando en Primera Instancia, ya esta Sala Constitucional dejó establecido en su decisión de fecha 14 de marzo de 2000, caso: C.A. Electricidad del Centro (ELECENTRO) y Compañía Anónima de Electricidad de Los Andes (CADELA), que la misma corresponde a la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia.
Sentencia: 987 Fecha 09 de Agosto de 2000

Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: La regla general atributiva de competencia sobre las acciones de amparo. Excepciones a la regla.

En atención a las disposiciones antes transcritas, puede afirmarse que la regla general atributiva de competencia sobre las acciones de amparo, consiste en otorgarle el conocimiento de las mismas a los Tribunales de Primera Instancia que conozcan en materias afines con los derechos o garantías constitucionales lesionados o amenazados de violación. Con ello quiso el legislador que los amparos fuesen resueltos por jueces -de primera instancia- que aplicaran sus conocimientos y experiencia especializada para resolver los amparos de una forma rápida y acertada, lo cual evidentemente repercutiría en la efectividad de la institución.

Sin embargo, la referida regla encuentra sus excepciones en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siendo una de ellas precisamente la contenida en el mencionado artículo 9 eiusdem, conforme al cual, en caso que la lesión denunciada se produzca en un lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, la acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta ante cualquier juez de la localidad..

Sentencia: N° 1020 Fecha 10 de Agosto de 2000

Tema: Pruebas
Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: Indicios y Presunciones

los jueces de mérito están facultados para apreciar libremente los hechos o circunstancias del proceso que puedan constituir elementos de la prueba indiciaria, cuando las presunciones o indicios no han sido creados e impuestos por la ley, pero que esa facultad de libre apreciación no exime a los jueces del deber de analizar y ponderar las razones de hecho y de derecho de los indicados elementos, precisando en que sentido deben valorarse como prueba de la culpabilidad del procesado,…
Sentencia: N° 1047 Fecha 14 de Agosto de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Del pronunciamiento sobre el carácter orgánico de las leyes.

Tal como lo ha establecido esta Sala en sentencia N° 537 de fecha 12 de junio de 2000, expediente N° 00-1799, Caso: Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece cuatro categorías de Leyes Orgánicas, a saber: 1) las que así determina la Constitución; 2) las que se dicten para organizar los poderes públicos; 3) las que desarrollen derechos constitucionales, y 4) las que sirvan de marco normativo a otras leyes.
Según el mencionado fallo, la clasificación constitucional utiliza criterios de división lógica distintos, pues las categorías 1 y 4 obedecen a un criterio técnico-formal, es decir, a la prescripción de su denominación constitucional o la calificación por la Asamblea Nacional de su carácter de Ley marco o cuadro; mientra que las categorías 2 y 3 obedecen a un principio material ralativo a la organicidad del Poder Público y al desarrollo de los derechos constitucionales.
Sentencia: N° 1050 Fecha 22 de Agosto de 2000

Tema: Derechos Constitucionales
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Naturaleza del derecho y acción de habeas data.

El artículo 28 de la vigente Constitución establece el derecho de las personas a conocer la información que sobre ellas, hayan sido compiladas por otras. Dicha norma reproduce un derecho reconocido en varios países como Suecia, Noruega, Francia y Austria, entre otros. Tanto el Estado, como los particulares, mediante diversas formas de compilación de datos: manuales, computarizados, etc., registran y almacenan datos e informaciones sobre las personas o sobre sus bienes, y en vista que tal recopilación puede afectar la vida privada, la intimidad, el honor, la reputación, la vida económica y otros valores constitucionales de las personas naturales o jurídicas, la Constitución, para controlar tales registros, otorga varios derechos a la ciudadanía que aparecen recogidos en el artículo 28 citado… Se trata de derechos que giran alrededor de los datos recopilados sobre las personas o sobre sus bienes, por lo que se requiere un interés, personal, legítimo y directo en quien ejerza estos derechos, ya que es la información sobre su persona y bienes el que lo origina. Basta leer el artículo 28 de la vigente Constitución, para que todos estos derechos puedan identificarse.
Asunto: Legitimación para ejercer la acción de habeas data.
quien quiere hacer valer estos derechos (que conforman el habeas data), lo hace porque se trata de datos que le son personales, y ello mediante una acción que aun no ha desarrollado la ley, lo que a juicio de esta Sala no impide -que mientras la ley la establezca- se incoe mediante el recurso de amparo constitucional, si es que la infracción de los derechos que otorga el artículo 28 citado, lesionan la situación jurídica de las personas. Quien no alega que el habeas data se solicita para obtener información sobre sus datos registrados, carece de interés legítimo en tal acción, ya que no hace uso del derecho que otorga dicha norma, con los otros derechos que nacen de la misma, los cuales giran alrededor de las informaciones personales.