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TSJ-LOGO

Sentencia: Nº 707 de fecha 09 de Mayo de 2001
Asunto: El arresto disciplinario como acto administrativo de efectos particulares.

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TSJ-LOGO

(…)

V

OBITER DICTUM

Sin perjuicio de haber sido declarada sin lugar la presente acción de amparo constitucional, no puede esta Sala Constitucional dejar de hacer las siguientes consideraciones:

La celeridad procesal constituye, entre otros, uno de los principales motivos que impulsó la reforma al Código de Procedimiento Civil en 1987, tal como se aprecia de la Exposición de Motivos de dicho cuerpo normativo, celeridad que, estima esta Sala, incluso debe abarcar la etapa posterior a la decisión de la incidencia de recusación o inhibición, específicamente en cuanto a la remisión inmediata del expediente se refiere, tal como se deduce del artículo 93 del Código de Procedimiento Civil cuando indica que, en caso de que la recusación o la inhibición sean declaradas sin lugar, se “…pasará los autos al inhibido o recusado…”. Sin embargo, la Sala advierte que la norma es imperfecta al no regular los efectos de su incumplimiento.

Tales reflexiones las motivan las consecuencias que produjo, en el presente caso, que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas no decidiera la inhibición en el lapso fijado por la ley ni tampoco remitiera de forma inmediata tales resultas al tribunal de origen, ya que a consecuencia de este retardo procesal un Tribunal sustituto interino resolvió el fondo de la controversia a pesar de haber quedado desestimada la inhibición, lo que a pesar de no atentar contra el principio del juez natural, determinó que se apartara del caso un juez a quien mediante distribución, le había correspondido su conocimiento.

Ciertamente, tal como se indicó en el capítulo anterior, la interpretación que se le ha venido dando al artículo 93 del Código de Procedimiento Civil ha permitido que, en supuestos como el que hoy nos ocupa, se preserve la validez de una posible sentencia dictada por el Tribunal sustituto interino, puesto que, tal como lo señaló la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia, en sentencia dictada el 17 de marzo de 1993 (caso: Armando Ramírez D’ Andreis vs. Centro Porcino Caujarito, C.A.) “…los orígenes del Art. 93 del C.P.C. deben remontarse a las críticas antes referidas del maestro Borjas en sus famosos comentarios, en los que se destacaba que el sistema acogido en el Art. 118 se prestaba a que las partes abusaran de la recusación, con el solo fin de demorar el proceso, ya que el curso de la causa se suspendía mientras se resolvía la incidencia…”

De ese modo, frente a los riesgos de dilación procesal abusiva de las partes, posibles bajo el Código derogado de 1916, la norma contenida en el vigente artículo 93 del Código de Procedimiento Civil reformado (1987), tuvo una función correctiva; y además resultaba cónsona con el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 10 eiusdem. En otras palabras, para corregir los retardos procesales de los jueces, la reforma judicial de 1987 tuvo como prioridad la celeridad del proceso; la cual igualmente constituye un principio prioritario para el Constituyente venezolano de 1999 tal como se recoge en los artículos 26 y 257 constitucionales.

Considera esta Sala, que en el caso bajo análisis, tan pronto fue declarada sin lugar la inhibición planteada por la Jueza Temporal del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, ya no se justificaba que la jueza sustituta interina, a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial, siguiera conociendo del caso, sin embargo, el hecho de que ésta última no estuviera notificada de las resultas de la incidencia de inhibición, le permitía dictar sentencia como alzada en el juicio principal, salvo, claro está, que alguna de las partes le hubiera informado de aquella decisión, mediante la consignación de la copia respectiva.

Es por todo ello que esta Sala, a los fines de evitar los posibles riesgos de subversión procesal y desconocimiento del principio de celeridad procesal y de transparencia, que deben guiar la función jurisdiccional, haciendo uso de sus amplios poderes como máximo intérprete de la Constitución; y a los fines de asegurar la integridad y efectiva vigencia de los derechos constitucionales que puedan estar en juego en futuras ocasiones, resuelve con carácter vinculante a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial:

1.- Que las decisiones que resuelvan las incidencias relativas a la recusación o inhibición deberán ser notificadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al juez o jueza inhibido o recusado y al sustituto temporal.

2.- Que la causal legal alegada por el juez o jueza inhibido debe ser constatable objetivamente de las actas del expediente; ya que de no ser así podría presumirse la temeridad de la actuación judicial, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que acarrearía la indebida dilación procesal por esta causa.

Todo ello con el ánimo de atenuar la preocupación existente en el foro en cuanto al uso indiscriminado que de las instituciones de la recusación y la inhibición puedan hacer tanto las partes como los propios jueces respectivamente, al extremo de llegar a ser motivadas por factores extraprocesales.

 VI

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:

PRIMEROSIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la abogada Yenny Nathaly Álvarez, en su carácter de co-apoderada judicial del accionante, contra la sentencia dictada el 12 de junio de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes.

SEGUNDOCONFIRMA la sentencia de amparo dictada en primera instancia constitucional el 12 de junio de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional.

TERCEROSIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano CIRO FRANCISCO TOLEDO, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, el 3 de agosto de 2007.

CUARTOORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional oficiar lo conducente a la Comisión Judicial de este Tribunal Supremo de Justicia, a fin de evaluar la actuación judicial descrita en el presente fallo, de la abogada Rosa Elena Quintero Altuve, en su condición de Jueza Suplente especial del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.

QUINTORESUELVE con carácter vinculante a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial:

1.- Que las decisiones que resuelvan las incidencias relativas a la recusación o inhibición deberán ser notificadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al juez o jueza inhibido o recusado y al sustituto temporal.

2.- Que la causal legal alegada por el juez o jueza inhibido debe ser constatable objetivamente de las actas del expediente; ya que de no ser así podría presumirse la temeridad de la actuación judicial, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que acarrearía la indebida dilación procesal por esta causa.

SEXTO: ACUERDA la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República, en cuyo sumario deberá indicarse: “Sentencia de la Sala Constitucional a través de la cual se determinaron los efectos de la aplicación del artículo 93 del Código de Procedimiento Civil”.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 23 días del mes de Noviembre  de dos mil diez (2010). Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

La Presidenta,

 http://www.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/1175-231110-2010-08-1497.HTML

CONCEPTO: En términos generales por capacidad subjetiva del juez se entiende, la facultad para ejercer la función judicial; aptitud ésta que requiere como condición dos elementos:

  1. El que proviene de la persona misma: requisitos que deben concurrir en un apersona para ser investida con el cargo de juez y desempeñar tal función.
  2. El que proviene del Estado: determinado por un nombramiento válido, previo el cumplimiento de ciertos requisitos exigidos en la Ley de Carrera Judicial.

El concurso de estos dos elementos integran la capacidad subjetiva del Juez, la cual puede ser considerada en un doble aspecto:

Capacidad en abstracto o genérica: que es la aptitud de que está investida la persona que recibe un nombramiento válido de Juez, para actuar en todos los procesos penales, en el grado y orden de su jurisdicción y competencia, previo cumplimiento de los requisitos legales.

 Capacidad en concreto o específica: es la capacidad del Juez de poder actuar en un asunto penal concreto por no existir ningún impedimento que lo excluya del conocimiento sometido a su consideración en virtud de una posible relación con el objeto del proceso o con alguna de las partes, que diera lugar a sospechas de parcialidad incompatible con la función jurisdiccional.

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN DE LA CAPACIDAD SUBJETIVA

Cuando la capacidad subjetiva del Juez se encuentra limitada por circunstancias que le impidan actuar en un asunto penal concreto por una posible relación con el objeto del proceso o con alguna de las partes, dando lugar a una sospecha de parcialidad, lo cual daría origen a la figura jurídica denominada.

 RECUSACIÖN E INHIBICIÖN.

RECUSACIÓN: Es cuando una de las partes hace valer alguna de las causales legítimas con el fin de que el Juez no conozca del proceso por sospechar de su parcialidad. El fundamento de la recusación es garantizar la defensa e igualdad entre las partes.

INHIBICIÓN: Es cuando alguno de los funcionarios judiciales al estimar que se encuentra comprendido en cualquiera de las causales legítimas las hace valer, absteniéndose de conocer del asunto sometido a su consideración.

LEGITIMACIÓN ACTIVA: Referida a los sujetos procesales que están legitimados para recusar y conforme a lo previsto en el Art. 88 COPP, estas son:

Ministerio Público

Imputado o su Defensor

Víctima

 LEGITIMACIÓN PASIVA: Referida a las personas que pueden ser recusados, conforme a lo estatuido en el Art. 89 COPP, estas son:

Los Jueces profesionales

Fiscales del Ministerio Público

Secretarios

 Expertos

Interpretes

Cualesquiera otros funcionarios del poder Judicial.

*En el antiguo Código Procesal Penal existia la figura del escabino, con la reforma fue eliminado esta figura procesal. Ver articulo 86 del Copp anterior

CAUSALES DE RECUSACIÓN E INHIBICIÓN.

Relativa a las Partes:

  1. Por el parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto y segundo grado respectivamente, con cualquiera de las partes o con el representante de alguna de ellas;
  2. Por el parentesco de afinidad del recusado con el cónyuge de cualquiera de las partes, hasta el segundo grado inclusive, caso de vivir el cónyuge que lo cause, si no está divorciado, o caso de haber hijos de él con la parte aunque se encuentre divorciado o se haya muerto;
  3. Por ser o haber sido el recusado padre adoptante o hijo adoptivo de alguna de las partes;

Predisposición Favorable o Desfavorable:

  1. Por tener con cualquiera de las partes amistad o enemistad manifiesta;

Relativa al Objeto:

  1. Por tener el recusado, su cónyuge o alguno de sus afines o parientes consanguíneos, dentro de los grados requeridos, interés directo en los resultados del proceso;
  2. Por haber mantenido directa o indirectamente, sin la presencia de todas las partes, alguna clase de comunicación con cualquiera de ellas o de sus abogados, sobre el asunto sometido a su conocimiento;
  3. Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como fiscal, defensor, experto, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de juez;
  4. Cualquiera otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad.

TRÁMITES DE LA RECUSACIÓN Y DE LA INHIBICIÓN.

En el caso de la Inhibición:

La inhibición se hará constar por medio de un acta que suscribirá el funcionario inhibido, expresando los motivos que le sirvieron de fundamento. Ahora bien, en los Tribunales unipersonales se formará un cuaderno separado al expediente, ya que este será enviado a otro Tribunal de la misma categoría para continuar el procedimiento, a fin de que la causa no se paralice mientras se resuelva la incidencia. Si fuere declarada con lugar, el sustituto continuará conociendo del proceso, y en caso contrario, pasará los autos al inhibido.

En los casos de la Corte de Apelaciones se pasarán los autos a quien corresponda, a los fines del conocimiento de la incidencia y de ser declarada con lugar del fondo del asunto.

En el caso de la Recusación:

La recusación se propondrá por escrito expresando los motivos en que se funde, ante el Tribunal que corresponda, hasta el día hábil anterior al fijado para el debate.

Si la recusación se funda en un motivo que la haga admisible, el recusado, extenderá su informe a continuación del escrito de recusación, inmediatamente o en el día siguiente.

La recusación al igual que la inhibición no detendrá el curso del proceso, cuyo conocimiento pasará inmediatamente a quien deba sustituir conforme a la ley, mientras se decida la incidencia.

El legislador contempla la posibilidad de la declaratoria de inadmisibilidad de la recusación, cuando esta se intente sin expresar los motivos en que se funde, y la que se propone fuera de la oportunidad legal; si por el contrario la admite, practicará las pruebas que los interesados presenten, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha del recibo de las actuaciones, y sentenciará al cuarto.

Si fuere declarada con lugar, el sustituto continuará conociendo del proceso; y en caso contrario, pasará los autos al recusado.

JUEZ DIRIMENTE.

Acorde con lo establecido en el Art. 99 COPP, el Juez competente para decidir la incidencia de la inhibición o recusación es el funcionario que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial (Arts. 46, 47 y 48), al cual se le remitirá las actuaciones conducentes.

Así, en los tribunales unipersonales, decidirá la incidencia el tribunal de alzada (Art. 48 LOPJ); En la corte de apelaciones, si la recusación o inhibición es de uno o dos jueces, decidirá la incidencia el Presidente si no es de los recusados o inhibidos. (Art. 47 LOPJ, encab.); si el recusado es el Presidente, conocerá, según sea el caso, el otro Juez no recusado o inhibido o uno de los otros dos jueces no recusados o inhibidos, elegidos por la suerte (Art. 47 LOPJ in fine).

En los casos de inhibición o recusación de todos los jueces, pasarán los autos a otro Tribunal de igual categoría y competencia, a los fines del conocimiento de la incidencia y de ser declarada con lugar la recusación o inhibición, del conocimiento del fondo del asunto (Art. 46 LOPJ in fine).

En el caso de no haber en la localidad otro tribunal de igual categoría y competencia, corresponderá la decisión a los suplentes en el orden de su elección, agotados éstos, a los conjueces en el orden de su designación (Art. 46 LOPJ encab.)