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Sentencia: N°1550 de fecha 07 de Diciembre 2000.
Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Naturaleza Jurídica del Amparo Constitucional.
En este sentido la Sala comparte el criterio sostenido por el Juzgado Superior que conoció en primera instancia del amparo y reitera el carácter extraordinario de la acción de amparo constitucional, siendo este un mecanismo destinado exclusivamente a proteger el goce y ejercicio de los derechos constitucionales, por lo que no se puede convertir en una tercera instancia en la cual se juzgue nuevamente en ella sobre el mérito de una controversia ya conocida y juzgada por los jueces de la causa, o de hacer una valoración del mérito de las pruebas que ya fueron objeto de la soberanía de apreciación de aquellos.

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 Sentencia: N°1333 de fecha 01 de Noviembre 2000.
Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Del derecho a un intérprete.
La Sala observa que, si bien la disposición prevista en el artículo 49, numeral 3 in fine, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, otorga, a quien no hable castellano, el derecho a un intérprete, consta en autos que las autoridades policiales y judiciales del Estado Venezolano realizaron gestiones ante organismos diplomáticos y consulares de la República Federal de Yugoslavia, tanto en el país como fuera de él, con el objeto de hacer efectiva, a favor del accionante, la tutela del citado derecho, sin que hasta ahora la autoridad diplomática correspondiente, otorgante del pasaporte del accionante, haya asumido la responsabilidad de proveerlo efectivamente de intérprete.
Sin embargo, consta en autos igualmente que la circunstancia de no haberse podido proveer al accionante de un intérprete público en el idioma albanés, a pesar de las gestiones cumplidas al efecto, ha dado lugar a la paralización de la causa penal a que se encuentra sometido -en el curso de la cual ha permanecido detenido- y, en consecuencia, a un grave retardo que ha significado, para el accionante, la violación de su derecho constitucional al debido proceso.
Sentencia: N°1343 de fecha 08 de Noviembre 2000.

Tema: Asamblea Nacional
Materia: Derecho Electoral
Asunto: Del Régimen de Transición del Poder Público.

De manera que, partiendo de las anteriores premisas, debe esta Sala concluir que el telos del Régimen de Transición del Poder Público es la vigencia del nuevo orden constitucional surgido a raíz del proceso de transformación política iniciado con el llamamiento a una Asamblea Nacional Constituyente; y dentro del mismo se previó que la representación venezolana a los Parlamentos Andino y Latinoamericano debía ajustarse a los sistemas de selección que se previeron en el nuevo orden constitucional. De allí que, cuando se dictó el Estatuto Electoral del Poder Público a objeto de celebrar los primeros comicios después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, se incluyó dentro del elenco de autoridades a ser electas a los representantes de Venezuela a los aludidos órganos internacionales. De esta forma, todos los funcionarios del Estado que ejercen la representación de los venezolanos, que deben ser escogidos por elección universal, directa y secreta, fueron elegidos nuevamente. Por lo tanto, considera esta Sala Constitucional que efectuada como ha sido la elección de los diputados a los Parlamentos Andino y Latinoamericano en los comicios celebrados el pasado 30 de julio de 2000, se cumplió con los postulados de las normas internacionales antes referidas. Y no existe duda de que la selección de la representación venezolana a los órganos supranacionales antes referidos se ajusta tanto al régimen constitucional vigente como a los propósitos de las normas internacionales aludidas precedentemente.
Sentencia: N°1397 de fecha 20 de Noviembre 2000.

Tema: Recurso de Nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la vigencia de las leyes.

Habiendo establecido esta Sala que el Decreto-Ley recurrido al momento de dictar esta decisión no se encuentra vigente en virtud de su derogatoria por un Decreto-Ley posterior, considera necesario precisar, si es posible ejercer una acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad contra una ley derogada, o contra una ley que si bien se encontraba vigente al momento de la interposición del recurso en sede jurisdiccional, durante la tramitación del mismo haya sido derogada, supuesto que -precisamente- constituye el caso de autos…”
“De esta manera ha sostenido la Sala Constitucional, que el criterio antes expuesto, tiene su fundamento en que las leyes derogadas por la entrada en vigencia de un nuevo texto legal, en principio, pierden su eficacia en el ordenamiento jurídico, por lo que, de ninguna manera, las mismas pueden contradecir preceptos constitucionales, esto es, que las leyes derogadas que han dejado de producir sus efectos no pueden ser anuladas, sino que deben ser excluidas de la posibilidad de ejercer contra ellas acción de inconstitucionalidad, por haber perdido su vigencia y cesado los efectos de su aplicación. Pero tampoco se puede afirmar de manera categórica, que los efectos jurídicos de las normas derogadas impugnadas de inconstitucionalidad seguirán siempre vigentes en el tiempo por la imposibilidad de que sobre las leyes que la produjeron no se pueda ejercer control constitucional…
Asunto: De los Impuestos.
En efecto, la doctrina más calificada en la materia, define a los “impuestos” -en términos generales- como aquella prestación exigida por el Estado (en las distintas expresiones del Poder Público) que se caracteriza por tener como hecho generador de la obligación tributaria un hecho de la vida común tomando como índice de capacidad contributiva, destinado a costear los servicios generales de la administración, sin que el Estado otorgue una contraprestación individualizada al obligado por el referido pago.
Asunto:  Del Impuesto al Valor Agregado.
Teniendo en cuenta la clasificación de los impuestos antes expuesta, esta Sala Constitucional procede de seguidas a encuadrar en la misma al Impuesto al Valor Agregado, y en tal sentido observa, que el referido tributo es un impuesto “indirecto”, “real”, “objetivo” e “intantáneo”, creado para gravar la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes y servicios, aplicable en todas las etapas del circuito económico y que operan bajo el sistema de crédito y débito fiscal.
En lo que se refiere al sistema de crédito y débito fiscal, estima esta Sala Constitucional que los mismos constituyen el fundamento para la determinación de la cuota tributaria del impuesto al valor agregado. En efecto, dicha cuota está conformada por la cantidad resultante de la compensación entre los créditos y débitos fiscales de un determinado agente económico dentro de un período fiscal…”
“En el mismo orden de ideas, esta Sala Constitucional observa que el impuesto al valor agregado, además de ser clasificado como impuesto indirecto, real, objetivo e instantáneo, posee la característica de ser un tributo de naturaleza plurifásica no acumulativa, esto es, que grava todas las ventas y prestaciones de servicio efectuadas en todas y cada una de las etapas del proceso de producción y distribución, sin que el monto del tributo pagado por los sujetos pasivos del impuesto incida sobre el costo del producto.”
Asunto: De la generalidad del Tributo.
En tal sentido, observa esta Sala Constitucional, que el principio de la generalidad del tributo, contenido en el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, representa uno de los pilares principales del sistema tributario, según el cual todos deben coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de tributos.
En efecto, el principio de generalidad involucra la noción de que cuando una persona física o jurídica se encuentra en las condiciones que establecen el deber de contribuir según la ley, éste debe ser cumplido cualquiera sea el carácter del sujeto, su categoría social, nacionalida, edad o estructura…”.
Asunto: De la capacidad contributiva.
De esta manera, la capacidad contributiva constituye un principio constitucional que sirve a un doble propósito, de un lado como presupuesto legitimador de la distribución del gasto público; de otro, como límite material al ejercicio de la potestad tributaria.
Con base a lo expuesto anteriormente, la capacidad del contribuyente para soportar las cargas fiscales impuesta por el Estado en ejercicio de su poder de imposición, es una sola, única e indivisible que debe ser respetada por cada esfera de imposición, es decir, por el poder público nacional, estadal o municipal.

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Sentencia: N° 668 Fecha 05 de Julio de 2000
Tema: Competencia
Materia: Contencioso Electoral
Asunto: De las bases comiciales.
Al efecto, esta Sala por decisión de fecha 27 de enero de 2000 (Caso: Milagros Gómez y Otros) dictaminó que siendo las Bases Comiciales el más alto escalafón de la jerarquía normativa en el Proceso Constituyente, era competente para decidir las acciones intentadas contra los actos de ejecución de dichas bases, por cuanto el Constituyentista definió el régimen competencial de la Sala Constitucional atendiendo al rango de las actuaciones objeto de control, razón por la cual esta Sala Constitucional resulta competente para conocer de la acción intentada.
Sentencia: N° 670 Fecha 05 de Julio de 2000

Tema: Fisco Municipal
Materia: Derecho Tributario
Asunto: De la autonomía Tributaria Municipal.

… estima esta Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, que en el ordenamiento constitucional que entró en vigencia como consecuencia de promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se mantienen los límites de la autonomía tributaria municipal a que dicha decisión alude, siendo los mismos, aquellos que se deriven de las competencias que en materia tributaria ostentan las otras personas político territoriales que conforman el modelo federal del Estado Venezolano.
Sentencia: N° 703 de 12 de Julio de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Administrativo
Asunto: Del derecho funcionarial.

En relación con esta materia, estima la Sala que la disposición contenida en el mencionado artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no prevé excepción alguna al disponer que los amparos interpuestos contra las altas autoridades allí mencionadas son competencia de esta máximo Tribunal. Igualmente, observa esta Sala Constitucional que la referida disposición es de carácter especial, y por ello de aplicación preferente, en relación con la norma contenida en el artículo 7 eiusdem, según la cual, la competencia en amparo le corresponde al Tribunal de la materia afín con el derecho denunciado como violado.
Asunto: Del criterio atributivo de competencia en el régimen funcionarial.
En efecto, del artículo 8 antes citado consagra un criterio de carácter orgánico para atribuir la competencia a este alto Tribunal, cuando el hecho, acto u omisión, provienen de las autoridades allí contempladas, lo cual constituye una excepción a la regla general prevista en el artículo 7, antes citado, conforme a la cual son competentes los tribunales afines con los derechos o garantías denunciados como conculcados, ya que en estos casos, lo que pretendió el legislador fue concentrar en este órgano judicial las acciones de amparo ejercidas en contra de dichos funcionarios, atendiendo a la jerarquía de la función pública que desempeñan; Sostener un criterio contrario implicaría, no solo atentar contra la propia letra de la Ley sino también contra el derecho a ser juzgado por el juez natural.
En atención a lo anterior, la acción de amparo constitucional, prevista en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incluyendo las basadas en relaciones funcionariales, son competencia de este alto Tribunal y en especial de esta Sala Constitucional, tal y como se dejó establecido en decisión de fecha 20 de enero del año 2000, caso Emery Mata Millan.
Sentencia: N° 731 fecha 17 de Julio de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De los actos de rango sublegal.

… la Sala Constitucional, en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, conoce de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos dictados en ejecución directa de la Constitución o que tenga forma de ley. De allí que, en el caso de autos, al tratarse de la impugnación de una Resolución ministerial, esto es, un acto de rango sublegal, esta Sala Constitucional carece de competencia para controlar su conformidad a Derecho.
Asunto: De la jurisdicción Contencioso Electoral.
Asimismo, se desprende del artículo 297 de la Constitución de 1999, la existencia de la jurisdicción contencioso electoral, la cual será ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley que regule al Poder Electoral.
En cuanto a las competencias de los órganos de la jurisdicción contencioso electoral, la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 17 de febrero de 2000 (Caso: Edwin Zambrano Vidal), delimitó el ámbito de las mismas…”
“De acuerdo con la jurisprudencia antes transcrita, el control legal y constitucional de la totalidad de los actos que versen sobre referendos de organizaciones sindicales, son del conocimiento de la jurisdicción contencioso electoral.
Sentencia: N° 778 fecha 24 de Julio de 2000

Tema: Acción de amparo constitucional. Inadmisibilidad.
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: La causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales

Como es bien sabido y ha sido confirmado por jurisprudencia reiterada de la Sala, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone en el numeral 4 del artículo 6, que a falta de lapso de caducidad especial, o que se trate de una lesión al orden público o las buenas costumbres que sea de gravísima entidad, se entiende que el agraviado otorga su consentimiento expreso a la presunta violación a sus derechos y garantías constitucionales, al transcurrir seis meses a partir del instante en que el accionante se halle en concimiento de la misma.
Asunto:De las notificaciones por carteles.
…considera la Sala que las notificaciones que se realizan mediante un medio de carácter público como lo es la citación por carteles, proceden a título excepcional, siempre que se desconozca de manera absoluta la dirección de la parte demanda.
Si bien esta Sala Constitucional no pronunció el fallo cuya aclaratoria ha sido solicitada por la representación del Fisco Nacional, es obligación de la misma por imperativo de la nueva Constitución asumir la competencia del caso de autos en el estado en que se encontraba; de lo contrario, podría incurrirse en denegación de justicia al no emitir el pronunciamiento pendiente, lo cual además podría repercutir negativamente en la recta administración de justicia en materia tributaria en el sentido de que se emitan pronunciamientos contradictorios de parte de los Tribunales inferiores en cuanto al alcance de la decisión de la entonces Corte en Pleno, cuya aclaratoria ha sido solicitada…(omissis). De esta forma, esta Sala asume la competencia para decidir la solicitud de aclaratoria de la sentencia dictada por la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia…
Asunto: De los efectos de la sentencia.
Por lo anterior, cuando los artículos 119 y 131 de la Ley Orgánica que rige a este Supremo Tribunal, antes transcritos, atribuyen la facultad de fijar en el tiempo los efectos de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma jurídica, lo hace con la finalidad de que, según cada caso, se puedan corregir los efectos desfavorables que podría ocasionar el solo efecto ex tunc de tales decisiones, específicamente respecto a los derechos y garantías consagradas en el Texto Constitucional para así poder atribuirle a la decisión judicial -según las circunstancias- efectos ex tunc (desde entonces) o ex nunc (desde ahora), atendiendo al caso concreto, y fijando los términos exactos en que han de aplicarse tales efectos.
Sentencia: N° 835 fecha 26 de Julio 2000

Tema: Recurso de Nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De los actos dictados por el Poder Público.

Ahora bien, observa esta Sala que en el sistema constitucional venezolano, las funciones públicas están distribuidas entre diversas autoridades, cada una de ellas con una función propia y especial que está llamada a cumplir dentro de los límites que la Constitución y las leyes les señalan o confieren.”
“Con base a lo anterior se observa que, además de exigir la competencia del órgano y del funcionario que dicte el acto, la Constitución y las leyes exigen que el mismo se produzca conforme a unas formas determinadas o de acuerdo a un proceso específico, en aras de proteger las finalidades propuestas por el Constituyente o el legislador y garantizar los derechos del ciudadano. En consecuencia, la función pública en modo alguno puede ser ejercida de manera arbitraria, sino que está limitada por la Constitución y las leyes, ocasionando su incumplimiento la nulidad del acto.
En efecto, la incompetencia es uno de los vicios que afectan la validez de los actos emanados del Poder Público, por cuyo motivo la función pública debe desplegarse dentro de los límites o prescripciones, formas y procedimientos señalados en la Constitución y en las leyes y en la oportunidad y para los fines previstos en las mismas.
Asunto: De la previsión y seguridad social.
… a la Asamblea Nacional en representación del Poder Nacional, le corresponde la potestad de legislar en materia de previsión y seguridad social, incluyendo dentro de tal potestad, el régimen de jubilación y pensión del funcionario público.
En tal sentido, las jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados públicos, sean estos funcionarios de carrera o de elección, pertenecientes en su distribución vertical al Poder Nacional, Estadal o Municipal o bien en su distribución horizontal, al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano o Electoral, forman parte de los sistemas de previsión y seguridad social, materia ésta sobre la cual la Asamblea Nacional tiene potestad de legislar por disposición expresa de los numerales 22 y 32 del artículo 156 de la Constitución de 1999.
Sentencia: N° 846 Fecha 27 de Julio de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De los actos dictados por órganos de distinto rango y naturaleza.

Por otra parte, siendo que las presuntas infracciones constitucionales provienen de órganos de distinto rango y naturaleza, considera conveniente esta Sala, en aras de garantizar la unidad del conocimiento de la causa, evitar posibles decisiones contradictorias y en definitiva garantizar la estabilidad del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los particulares, declarar que corresponde igualmente a este Supremo Tribunal conocer de las presuntas violaciones de orden constitucional atribuidas a los órganos subalternos de las autoridades previstas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siempre y cuando éstas guarden conexión con las denuncias atribuidas a su máximo jerarca, tal y como gue sentado en la sentencia de esta Sala de fecha 20 de enero del año 2000, caso Domingo Ramírez Monja.
Asunto: De los actos dictados por la Asamblea Nacional Constituyente.
Es por ello que, siendo la Sala Constitucional el vértice de la jurisdicción constitucional de acuerdo a la nueva Constitución, resulta igualmente competente para conocer y decidir aquellas acciones de amparo constitucional intentadas contra actuaciones provenientes de la Asamblea Nacional Constituyente y de los órganos que la componen…