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TSJ-LOGO

Sentencia: N° 668 Fecha 05 de Julio de 2000
Tema: Competencia
Materia: Contencioso Electoral
Asunto: De las bases comiciales.
Al efecto, esta Sala por decisión de fecha 27 de enero de 2000 (Caso: Milagros Gómez y Otros) dictaminó que siendo las Bases Comiciales el más alto escalafón de la jerarquía normativa en el Proceso Constituyente, era competente para decidir las acciones intentadas contra los actos de ejecución de dichas bases, por cuanto el Constituyentista definió el régimen competencial de la Sala Constitucional atendiendo al rango de las actuaciones objeto de control, razón por la cual esta Sala Constitucional resulta competente para conocer de la acción intentada.
Sentencia: N° 670 Fecha 05 de Julio de 2000

Tema: Fisco Municipal
Materia: Derecho Tributario
Asunto: De la autonomía Tributaria Municipal.

… estima esta Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, que en el ordenamiento constitucional que entró en vigencia como consecuencia de promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se mantienen los límites de la autonomía tributaria municipal a que dicha decisión alude, siendo los mismos, aquellos que se deriven de las competencias que en materia tributaria ostentan las otras personas político territoriales que conforman el modelo federal del Estado Venezolano.
Sentencia: N° 703 de 12 de Julio de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Administrativo
Asunto: Del derecho funcionarial.

En relación con esta materia, estima la Sala que la disposición contenida en el mencionado artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no prevé excepción alguna al disponer que los amparos interpuestos contra las altas autoridades allí mencionadas son competencia de esta máximo Tribunal. Igualmente, observa esta Sala Constitucional que la referida disposición es de carácter especial, y por ello de aplicación preferente, en relación con la norma contenida en el artículo 7 eiusdem, según la cual, la competencia en amparo le corresponde al Tribunal de la materia afín con el derecho denunciado como violado.
Asunto: Del criterio atributivo de competencia en el régimen funcionarial.
En efecto, del artículo 8 antes citado consagra un criterio de carácter orgánico para atribuir la competencia a este alto Tribunal, cuando el hecho, acto u omisión, provienen de las autoridades allí contempladas, lo cual constituye una excepción a la regla general prevista en el artículo 7, antes citado, conforme a la cual son competentes los tribunales afines con los derechos o garantías denunciados como conculcados, ya que en estos casos, lo que pretendió el legislador fue concentrar en este órgano judicial las acciones de amparo ejercidas en contra de dichos funcionarios, atendiendo a la jerarquía de la función pública que desempeñan; Sostener un criterio contrario implicaría, no solo atentar contra la propia letra de la Ley sino también contra el derecho a ser juzgado por el juez natural.
En atención a lo anterior, la acción de amparo constitucional, prevista en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incluyendo las basadas en relaciones funcionariales, son competencia de este alto Tribunal y en especial de esta Sala Constitucional, tal y como se dejó establecido en decisión de fecha 20 de enero del año 2000, caso Emery Mata Millan.
Sentencia: N° 731 fecha 17 de Julio de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De los actos de rango sublegal.

… la Sala Constitucional, en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, conoce de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos dictados en ejecución directa de la Constitución o que tenga forma de ley. De allí que, en el caso de autos, al tratarse de la impugnación de una Resolución ministerial, esto es, un acto de rango sublegal, esta Sala Constitucional carece de competencia para controlar su conformidad a Derecho.
Asunto: De la jurisdicción Contencioso Electoral.
Asimismo, se desprende del artículo 297 de la Constitución de 1999, la existencia de la jurisdicción contencioso electoral, la cual será ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley que regule al Poder Electoral.
En cuanto a las competencias de los órganos de la jurisdicción contencioso electoral, la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 17 de febrero de 2000 (Caso: Edwin Zambrano Vidal), delimitó el ámbito de las mismas…”
“De acuerdo con la jurisprudencia antes transcrita, el control legal y constitucional de la totalidad de los actos que versen sobre referendos de organizaciones sindicales, son del conocimiento de la jurisdicción contencioso electoral.
Sentencia: N° 778 fecha 24 de Julio de 2000

Tema: Acción de amparo constitucional. Inadmisibilidad.
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: La causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales

Como es bien sabido y ha sido confirmado por jurisprudencia reiterada de la Sala, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone en el numeral 4 del artículo 6, que a falta de lapso de caducidad especial, o que se trate de una lesión al orden público o las buenas costumbres que sea de gravísima entidad, se entiende que el agraviado otorga su consentimiento expreso a la presunta violación a sus derechos y garantías constitucionales, al transcurrir seis meses a partir del instante en que el accionante se halle en concimiento de la misma.
Asunto:De las notificaciones por carteles.
…considera la Sala que las notificaciones que se realizan mediante un medio de carácter público como lo es la citación por carteles, proceden a título excepcional, siempre que se desconozca de manera absoluta la dirección de la parte demanda.
Si bien esta Sala Constitucional no pronunció el fallo cuya aclaratoria ha sido solicitada por la representación del Fisco Nacional, es obligación de la misma por imperativo de la nueva Constitución asumir la competencia del caso de autos en el estado en que se encontraba; de lo contrario, podría incurrirse en denegación de justicia al no emitir el pronunciamiento pendiente, lo cual además podría repercutir negativamente en la recta administración de justicia en materia tributaria en el sentido de que se emitan pronunciamientos contradictorios de parte de los Tribunales inferiores en cuanto al alcance de la decisión de la entonces Corte en Pleno, cuya aclaratoria ha sido solicitada…(omissis). De esta forma, esta Sala asume la competencia para decidir la solicitud de aclaratoria de la sentencia dictada por la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia…
Asunto: De los efectos de la sentencia.
Por lo anterior, cuando los artículos 119 y 131 de la Ley Orgánica que rige a este Supremo Tribunal, antes transcritos, atribuyen la facultad de fijar en el tiempo los efectos de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma jurídica, lo hace con la finalidad de que, según cada caso, se puedan corregir los efectos desfavorables que podría ocasionar el solo efecto ex tunc de tales decisiones, específicamente respecto a los derechos y garantías consagradas en el Texto Constitucional para así poder atribuirle a la decisión judicial -según las circunstancias- efectos ex tunc (desde entonces) o ex nunc (desde ahora), atendiendo al caso concreto, y fijando los términos exactos en que han de aplicarse tales efectos.
Sentencia: N° 835 fecha 26 de Julio 2000

Tema: Recurso de Nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De los actos dictados por el Poder Público.

Ahora bien, observa esta Sala que en el sistema constitucional venezolano, las funciones públicas están distribuidas entre diversas autoridades, cada una de ellas con una función propia y especial que está llamada a cumplir dentro de los límites que la Constitución y las leyes les señalan o confieren.”
“Con base a lo anterior se observa que, además de exigir la competencia del órgano y del funcionario que dicte el acto, la Constitución y las leyes exigen que el mismo se produzca conforme a unas formas determinadas o de acuerdo a un proceso específico, en aras de proteger las finalidades propuestas por el Constituyente o el legislador y garantizar los derechos del ciudadano. En consecuencia, la función pública en modo alguno puede ser ejercida de manera arbitraria, sino que está limitada por la Constitución y las leyes, ocasionando su incumplimiento la nulidad del acto.
En efecto, la incompetencia es uno de los vicios que afectan la validez de los actos emanados del Poder Público, por cuyo motivo la función pública debe desplegarse dentro de los límites o prescripciones, formas y procedimientos señalados en la Constitución y en las leyes y en la oportunidad y para los fines previstos en las mismas.
Asunto: De la previsión y seguridad social.
… a la Asamblea Nacional en representación del Poder Nacional, le corresponde la potestad de legislar en materia de previsión y seguridad social, incluyendo dentro de tal potestad, el régimen de jubilación y pensión del funcionario público.
En tal sentido, las jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados públicos, sean estos funcionarios de carrera o de elección, pertenecientes en su distribución vertical al Poder Nacional, Estadal o Municipal o bien en su distribución horizontal, al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano o Electoral, forman parte de los sistemas de previsión y seguridad social, materia ésta sobre la cual la Asamblea Nacional tiene potestad de legislar por disposición expresa de los numerales 22 y 32 del artículo 156 de la Constitución de 1999.
Sentencia: N° 846 Fecha 27 de Julio de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De los actos dictados por órganos de distinto rango y naturaleza.

Por otra parte, siendo que las presuntas infracciones constitucionales provienen de órganos de distinto rango y naturaleza, considera conveniente esta Sala, en aras de garantizar la unidad del conocimiento de la causa, evitar posibles decisiones contradictorias y en definitiva garantizar la estabilidad del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los particulares, declarar que corresponde igualmente a este Supremo Tribunal conocer de las presuntas violaciones de orden constitucional atribuidas a los órganos subalternos de las autoridades previstas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siempre y cuando éstas guarden conexión con las denuncias atribuidas a su máximo jerarca, tal y como gue sentado en la sentencia de esta Sala de fecha 20 de enero del año 2000, caso Domingo Ramírez Monja.
Asunto: De los actos dictados por la Asamblea Nacional Constituyente.
Es por ello que, siendo la Sala Constitucional el vértice de la jurisdicción constitucional de acuerdo a la nueva Constitución, resulta igualmente competente para conocer y decidir aquellas acciones de amparo constitucional intentadas contra actuaciones provenientes de la Asamblea Nacional Constituyente y de los órganos que la componen…

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Sentencia: N° 07 del 31 de Enero 2000 Tema: Amparo Materia: Derecho Constitucional

Asunto: Procedimiento en el Juicio de amparo constitucional con relación a los amparos que no se interpongan contra sentencias.

Con relación a los amparos que no se interpongan contra sentencias, tal como lo expresan los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el proceso se iniciará por escrito o en forma oral conforme a lo señalado en dichos artículos; pero el accionante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá también señalar en su solicitud, oral o escrita, las pruebas que desea promover, siendo esta una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad, no solo la de la oferta de las pruebas omitidas, sino la de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y presentare con su escrito o interposición oral; prefiriéndose entre los instrumentos a producir los auténticos. Los Tribunales o la Sala Constitucional que conozcan de la solicitud de amparo, por aplicación de los artículos de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, admitirán o no el amparo, ordenarán que se amplíen los hechos y las pruebas, o se corrijan los defectos u omisiones de la solicitud, para lo cual se señalará un lapso, también preclusivo…

Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia Las partes del juicio donde se dictó el fallo impugnado podrán hacerse partes, en el proceso de amparo, antes y aún dentro de la audiencia pública, mas no después, sin necesidad de probar su interés. Los terceros coadyuvantes deberán demostrar su interés legítimo y directo para intervenir en los procesos de amparo de cualquier clase antes de la audiencia pública. La falta de comparecencia del Juez que dicte el fallo impugnado o de quien esté a cargo del Tribunal, no significará aceptación de los hechos, y el órgano que conoce del amparo, examinará la decisión impugnada.

Asunto: La notificación en el procedimiento de amparo.

Para dar cumplimiento a la brevedad y falta de formalidad, la notificación podrá ser practicada mediante boleta, o comunicación telefónica, fax, telegrama, correo electrónico, o cualquier medio de comunicación interpersonal, bien por el órgano jurisdiccional o bien por el Alguacil del mismo, indicándose en la notificación la fecha de comparecencia del presunto agraviante y dejando el Secretario del órgano jurisdiccional, en autos, constancia detallada de haberse efectuado la citación o notificación y de sus consecuencias.

Asunto: Audiencia constitucional.

Admitida la acción, se ordenará la citación del presunto agraviante y la notificación del Ministerio Público, para que concurran al tribunal a conocer el día en que se celebrará la audiencia oral, la cual tendrá lugar, tanto en su fijación como para su practica, dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de la última notificación efectuada. En la fecha de la comparecencia que constituirá una audiencia oral y pública, las partes, oralmente, propondrán sus alegatos y defensas ante la Sala Constitucional o el tribunal que conozca de la causa en primera instancia, y esta o este decidirá si hay lugar a pruebas.
Además, en la audiencia ante el Tribunal que conozca en primera instancia en que se evacuen estas pruebas de lo actuado, se levantará un acta que firmarán los intervinientes.

Asunto: Recurso de apelación y consulta de ley

Contra la decisión dictada en primera instancia, podrá apelarse dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del fallo, la cual se oirá en un sólo efecto a menos que se trate del fallo dictado en un proceso que, por excepción, tenga una sola instancia. De no apelarse, pero ser el fallo susceptible de consulta, deberá seguirse el procedimiento seguido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esto es, que la sentencia será consultada con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente el expediente, dejando copia de la decisión para la ejecución inmediata. Este Tribunal decidirá en un lapso no mayor de treinta (30) días. La falta de decisión equivaldrá a una denegación de justicia, a menos que por el volumen de consultas a decidir se haga necesario prorrogar las decisiones conforma al orden de entrada de las consultas al Tribunal de la segunda instancia. Cuando se trate de causas que cursen ante tribunales cuyas decisiones serán conocidas por otros jueces o por esta Sala, por la vía de la apelación o consulta, en cuanto a las pruebas que se evacuen en las audiencias orales, se grabarán o registrarán las actuaciones, las cuales se verterán en actas que permitan al juez de la Alzada conocer el devenir probatorio.

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/07-010200-00-0010.HTM

TSJ-LOGOSentencia N° 1041. Fecha 05/08/2014

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en la cual se establece que en las investigaciones iniciadas con ocasión a denuncias por la presunta comisión de los delitos previstos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, los jueces y juezas, una vez decretado el archivo fiscal y notificados del mismo, deben por imperativo del artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal, hacer cesar toda medida cautelar y de protección y seguridad dictada contra el ciudadano a favor de quien se haya acordado el archivo.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/167773-1041-5814-2014-13-0894.HTML

Sentencia N° 1161. Fecha 08/08/2013

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, mediante la cual se señala que en los procesos seguidos por la comisión de delitos de violencia contra la mujer, se extiende la oportunidad para la admisión de los hechos hasta antes de la recepción de las pruebas, a fin de ajustarlos al artículo 375 del vigente Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, se establece la posibilidad de que sea aplicada la suspensión condicional del proceso, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos 43 eiusdem, exista una oferta de reparación del daño y tanto el Ministerio Público como la víctima manifiesten no tener objeción alguna con la aplicación de esta medida.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1161-8813-2013-12-0384.HTML

Sentencia N° 1550. Fecha 27/11/2012

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, mediante la cual se declara parcialmente con lugar la solicitud de aclaratoria propuesta por el Ministerio Público del contenido de la decisión N° 1268 del 14 de agosto de 2012, caso: Yaxmary Elvira Lagrand; donde se le otorga a la víctima el derecho de acusar.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/1550-271112-2012-11-0652.HTML

Sentencia N° 1268. Fecha 14/08/2012

Sentencia N° 1268 del 14 de agosto de 2012 de la Sala Constitucional, bajo la ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán que establece con carácter vinculante: 1) que el lapso de tres (3) días hábiles siguientes para interponer recurso de apelación establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es aplicable tanto para sentencias definitivas y autos dictados en el procedimiento especial de violencia contra la mujer; 2) que en los procedimientos especiales de violencia contra la mujer, la víctima del delito de violencia física puede presentar conjuntamente con la denuncia un examen médico legal expedido por un médico privado, el cual deberá ser avalado, previa solicitud emitida por el Ministerio Público, por un médico adscrito al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses; y 3) en los procedimiento especiales de violencia contra la mujer, la víctima -directa o indirecta- de los hechos punibles investigados en dichos procesos, puede, con prescindencia del Ministerio Público, presentar una acusación particular propia contra el imputado, cuando ese órgano fiscal no haya concluido la investigación dentro de los lapsos establecidos en la ley especial para hacerlo.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1268-14812-2012-11-0652.HTML

Sentencia N° 1006. Fecha 10/07/2012

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales mediante la cual se declaró SIN LUGAR la acción de amparo interpuesta por los apoderados judiciales de la ciudadana MARYLIS IMELDA MOROCOIMA CARRERA contra el Instituto Militar Universitario de Tecnología de la Guardia Nacional, extensión Punta de Mata, “Cnel. Leonardo Infante”, con ocasión de la conducta del Coordinador Académico de ese Instituto, ciudadano Teniente Coronel RICHARD ALFONZO ARIAS, al considerar que no hubo menoscabo de los derechos constitucionales al género, a la igualdad, a la maternidad, al trabajo, ni a la protección de la familia, por cuanto las exigencias referidas al estado de soltería y la prohibición de procrear durante el período de formación para Oficiales y Tropa Profesional son temporales, puesto que una vez que ingresan a la Carrera Militar tienen licencia para contraer matrimonio y constituir una familia y atender los asuntos vinculados con su vida privada. Tal decisión contó con el Voto Salvado de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1006-10712-2012-11-0785.HTML

Sentencia N° 790. Fecha 06/06/2012

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado mediante la cual se prohibió la colocación de implantes mamarios marca PIP y de cualquier otro no autorizado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Junio/790-6612-2012-12-0526.HTML

Sentencia N° 574. Fecha 11/05/2012

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en la cual se establece que en materia de delitos de violencia contra la mujer cuando el procedimiento se inicie directamente ante el Ministerio Público los cuatro (4) meses de la duración de la fase preparatoria deben computarse desde la orden de inicio de la investigación; debiendo asimismo el Ministerio Público notificar inmediatamente al presunto agresor de aquellas medidas de protección que hayan sido dictadas a fin de garantizar la integridad física, psicológica y sexual de la mujer presuntamente agraviada.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/574-11512-2012-11-1108.HTML

Sentencia N° 1325. Fecha 04/08/2011

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán que reafirma, con carácter vinculante, la competencia de los juzgados especializados en materia de violencia de género para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, con independencia de que el sujeto activo sea un ciudadano indígena, ya que las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas solo pueden actuar en materia de violencia de género como órganos receptores de denuncia.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1325-4811-2011-11-0645.HTML

Sentencia N° 747. Fecha 23/05/2011

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán que admite la figura del concurso real en materia de delitos de violencia contra la mujer; estableciendo asimismo que conforme al artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, los jueces y juezas de la República están en la obligación de informar al imputado previo a su declaración, del precepto constitucional que lo exime de declarar y, en caso de rendir declaración, a no hacerlo bajo juramento; lo cual no es aplicable para quienes sean llamados a declarar como testigos, ni para quienes ostenten la condición de víctima.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/747-23511-2011-10-0176.HTML

Sentencia N° 600. Fecha 27/04/2011

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de el Magistrado Francisco Carrasquero López en la cual se ratifica que en los procesos penales por delitos de violencia contra la mujer no es procedente archivar las actuaciones una vez que se ha iniciado la investigación penal, si no se ha solicitado la prórroga legal conformidad con lo establecido en el articulado de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, especialmente lo relativo a la concesión de la prórroga extraordinaria -consagrada en el artículo 103.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Abril/600-27411-2011-10-1160.HTML

Sentencia N° 514. Fecha 12/04/2011

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de el Magistrado Arcadio Delgado Rosales que establece que dada la especialidad de los tribunales en materia de violencia de género, y en atención a lo dispuesto por los artículos 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y 118 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, considera que existe un fuero de atracción respecto de la competencia por la materia de los tribunales especializados en violencia de género, a cuyo efecto, siempre que se impute el delito de violación en todas sus calificaciones previstas en el Código Penal, que sean cometidas en perjuicio de niñas o adolescentes de sexo femenino cuyo imputado sea un hombre mayor de edad, la competencia por la materia corresponderá a los juzgados con competencia en materia de violencia de género, así concurra con la imputación de delitos cuya competencia corresponde a los jueces penales ordinarios, ello a los fines de garantizar el debido proceso y el juez natural, siendo además que la competencia por la materia es de estricto orden público (Vid. Sentencia N° 449 del 19 de mayo de 2010, caso: Eduardo José García García).

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Abril/514-12411-2011-09-1198.HTML

Sentencia N° 62. Fecha 16/02/2011

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán según la cual los jueces y juezas de la República que conozcan de delitos de violencia contra la mujer deben ser cuidadosos al decretar nulidades absolutas, para evitar que dichos delitos queden impunes, así como el hecho de que la víctima pueda verse sometida nuevamente a enfrentar hechos relacionados con su integridad física y mental.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Febrero/62-16211-2011-10-0631.HTML

Sentencia N° 1263. Fecha 08/12/2010

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán mediante la cual se establece que los jueces y juezas de la República Bolivariana de Venezuela con competencia en materia de violencia contra la mujer deben instruir los procesos penales de forma tal que propendan a demostrar la comisión del hecho punible, así como la responsabilidad penal de las personas señaladas como autores o participes, imponiendo inmediatamente las medidas de protección y de seguridad que el caso amerite; así como también deben estar atentos a la doctrina vinculante de la Sala Constitucional para lograr la protección debida a las mujeres víctimas de la comisión de estos delitos, tomando en cuenta que el artículo 5 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, expresa textualmente que “El Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas administrativas, legislativa, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegura el cumplimiento de esta Ley y garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres víctimas de violencia”.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1263-81210-2010-09-0891.HTML

Sentencia N° 486. Fecha 24/05/2010

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de el Magistrado Arcadio Delgado Rosales mediante la cual se establece que los jueces y operadores jurídicos en general, en materia de género, deben abandonar los tradicionales esquemas del sistema social patriarcal y androcéntrico imperante, de las creencias, comportamientos, roles, expectativas y atribuciones que sustentan a dicho sistema así como la discriminación y violencia contra las mujeres en general, y adoptar fielmente el régimen especial de protección en favor de las mujeres, en pro de la justicia social, pues de lo contrario se estaría vulnerando la integridad física y moral de quien demanda esa protección especial.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/486-24510-2010-09-0870.HTML

Sentencia N° 449. Fecha 19/05/2010

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán en la cual se establece que ante la imputación de alguno de los delitos cuya competencia corresponda a los jueces y juezas especializados en materia de violencia contra la mujer, así concurra con la imputación de delitos cuya competencia corresponda a los jueces y juezas penales ordinarios, la competencia de la causa corresponderá a los juzgados con competencia en materia de violencia de género, salvo que uno de los delitos imputados sea el homicidio en todas sus calificaciones; todo ello por cuanto al ser la competencia por la materia de estricto orden público, deben garantizarse los derechos al debido proceso y al juez natural.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/449-19510-2010-09-1331.HTML

Sentencia N° 272. Fecha 15/02/2007

Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán que interpreta la flagrancia en los delitos de género, la cual viene determinada por la percepción que se tiene de los elementos que hacen deducir, prima facie, la relación de causalidad entre el delito y el supuesto autor, causalidad que deberá demostrarse y/o desvirtuarse en el proceso. Como consecuencia jurídica directa acarrea la detención in fraganti, esto es, sin orden de inicio de investigación y sin orden judicial, ello para asegurar la tutela del objeto jurídico protegido; esto es, de integridad física de la mujer víctima.

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Febrero/272-150207-06-0873.HTM