Las leyes que conforman el ordenamiento administrativo del Estado permiten, cada vez con mayor frecuencia, que órganos de la Administración Pública apliquen a los administrados aflicciones por la realización de alguna conducta tipificada legal y previamente. En esos casos, nos encontramos en el campo de las sanciones administrativas.

La doctrina del Derecho Administrativo Sancionador se fundamentó, en sus orígenes, en la distinta naturaleza del bien jurídico protegido por los jueces penales, y el bien jurídico que resguardaba la Administración al ejercer el ius puniendi.

Se sostenía, en efecto, que mientras el derecho penal protegía el orden jurídico o el quebrantamiento de los bienes jurídicos individuales, el derecho penal administrativo entraba en juego ante el quebrantamiento de un fin administrativo (bien común). El derecho penal -afirmaba aquella doctrina- tiene por misión reprimir infracciones consideradas violatorias de deberes morales, mientras que el derecho penal administrativo sólo procura eliminar las trabas para la realización del bien público, siendo la pena una reacción de la administración contra el particular que no colabora adecuadamente en sus propósitos, de modo que aquella, la pena, nace del poder punitivo autónomo de la administración.

La corriente iusnaturalista sostenía, por su parte, que la diferencia entre el ilícito penal y el administrativo se encontraba en que el ilícito penal violaba tanto el derecho natural como el derecho positivo, mientras que la infracción administrativa suponía sólo la infracción del derecho positivo.

En la actualidad, la doctrina moderna considera que no existe diferencia de naturaleza entre el ilícito penal y la infracción administrativa, de modo que la decisión de reprimir un ilícito mediante la vía penal-judicial o la sancionatoria-administrativa, no atiende al bien jurídico tutelado, sino que se inscribe dentro de la “política legislativa” del momento, de allí que sólo existan entre una y otra diferencias formales, pues  las penas judiciales son aplicadas por el Poder Judicial, mientras que las sanciones administrativas pertenecen al dominio de la Administración.

            En nuestro régimen, la polémica sobre la naturaleza del ilícito administrativo, ha llegado incluso al Máximo Tribunal. El punto fue, en efecto, ampliamente abordado por la sentencia del 6 de marzo de 2001 (Caso: Cervecería Polar del Centro vs Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo), en la cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fijó posición acerca de la referida discusión, desestimando la moderna tesis que sólo encuentra diferencias formales u orgánicas entre las sanciones administrativas y las penales, y suscribiendo, por el contrario, la teoría que predica que entre las sanciones penales y administrativas existen diferencias cualitativas o teleológicas.  Sostuvo, en efecto, la Sala Constitucional:

“…el criterio sostenido por la jurisprudencia patria asume la tesis de la dualidad del ejercicio del ius puniendi del Estado, estableciendo como elemento diferenciador el telos perseguido por una u otra manifestación de la potestad punitiva.

Así las cosas, observa esta Sala que según el criterio establecido, la potestad punitiva del Estado corresponde al campo de estudio y aplicación del Derecho Penal, cuando la conducta antijurídica haya sido catalogada como tal, siendo necesario castigar dichas conductas a los efectos de mantener la paz social, como única herramienta para la consecución del bien común. Es justamente por esta razón que el castigo tradicionalmente y generalmente aplicado es la pena de privación de libertad.

De otra parte, el objeto de estudio y aplicación del Derecho Administrativo Sancionador, es el ejercicio de la potestad punitiva realizada por los órganos del Poder Público actuando en función administrativa, requerida a los fines de hacer ejecutables sus competencias de índole administrativo, que le han sido conferidas para garantizar el objeto de utilidad general de la actividad pública”.

Consideramos, sin embargo, que la cuestión no es tan clara como parece haberla advertido el Máximo Tribunal, ya que de aceptarse, sin más, la tesis de las diferencias cualitativas o teleológicas entre el ilicito penal y el administrativo, habría que concluir que el legislador no tiene posibilidad de transformar, como efectivamente lo ha hecho mediante modificaciones legislativa, ilícitos penales en meras infracciones administrativas, y viceversa.

 

TSJ-LOGO

 

Sentencia: 005   Expediente: 14-420 de fecha 15-01-15. Tema: Recurso de Interpretación Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: Recurso de interpretación – Procedencia.
…el recurso de interpretación procede en los casos, en los cuales exista, a juicio del recurrente, alguna duda en cuanto a la correcta aplicación de una norma legal penal, ya sea en relación a su interpretación o que exista alguna contradicción entre las normas del texto cuya interpretación se solicita.

El discurso jurídico-penal. Durante muchas décadas el discurso jurídico-penal predominante fue el positivista peligrosista, integrado con la criminología de esa vertiente, pero, superada esta etapa, paro a asentarse sobre una base neo-kantiana harto heterodoxa, que tomó elementos de cualquiera de las variables del neo-kantismo, en la medida en que le fueron útiles. Recién en las dos últimas décadas, con gran resistencia y admitiendo más las consecuencias dogmáticas que la base realista, sufrió un relativo resquebrajamiento con la introducción del finalismo.

No obstante, nunca se profundizaron las consecuencias teóricas de la teoría de las estructuras lógico-reales en el campo jurídico-penal y en los casos en que se intentó hacerlo en la filosofía del derecho, fue por lo general para criticarla y descartarla, en tanto que en los últimos años tiende a adoptarse un “finalismo” formal -por así llamarlo- centrado casi exclusivamente en requerimientos de completividad lógica de la construcción teórica del delito.

En un marco jurídico más amplio, el neo kantismo fue el recurso más comúnmente usado para legitimar en América Latina los regímenes de “facto”, su legislación (incluso su legislación penal) y los mismos “actos constitucionales” de los poderes de “facto”. Igualmente, Latinoamérica conoce desde siempre el fenómeno del constitucionalismo formal con dictadura real, y también estas modalidades de terrorismo de estado apelan a la escisión que el neo-kantismo provoca entre realidad y normatividad.

Esta particular preferencia por la manipulación heterodoxa del neo-kantismo no es de extrañar. La fractura que con mayor o menor intensidad -según sus variables o escuelas permite o impone el neo-kantismo, obliga al discurso jurídicopenal a separarse cuidadosamente de la realidad. Mediante este pensamiento puede admitirse un “realismo trascendente”, en el sentido de que las cosas están fuera del sujeto y son independientes de su conocimiento, pero como el conocimiento sólo puede tener acceso a ellas a través del valor jurídico, que opera como único ordenador que lo hace accesible a la razón, resulta que en definitiva es siempre el valor jurídico (que en nuestro margen es siempre un acto de poder, por arbitrario que sea) el que nos dice “cómo son” las cosas.

Esta manipulación de la heterodoxia teórica que caracteriza las decisiones judiciales con implicancia política en nuestro margen, da por resultado un verdadero renacimiento de la teoría medieval de la “doble verdad”. Permitiendo una exquisita esquizofrenización del saber jurídico, que se erige en un campo esotérico que carece de contacto con la realidad, que se inventa hasta límites en que el jurista queda reducido a un racionalizador de los contenidos verdaderamente delirantes del legislador.

Es obvio que los sectores populares y desposeídos de nuestro margen no depositan ninguna confianza en un derecho concebido de este modo, tradición que viene de antiguo y que recoge ampliamente el folklore de nuestros pueblos.

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