TSJ-LOGO

Sentencia: N° 194 Fecha 03 de Abril de 2000.
Tema: Control difuso de la constitucionalidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Inaplicación del primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
(…) el artículo 259 de la Constitución otorga competencia a todos los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho. Dentro de dichos órganos corresponde -según surge de la norma transcrita precedentemente- a los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso administrativo, el conocimiento de los actos emanados de las autoridades municipales y estadales, salvo que la acción o recurso se funden en razones de inconstitucionalidad, caso en que el Tribunal declinará la competencia en el Tribunal Supremo de Justicia.
Ahora bien, considera esta Sala constitucional que el primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, al impedir a los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso-administrativo el conocer de la nulidad de los actos administrativos (generales o particulares), cuando se aleguen vicios de inconstitucionalidad, contradice lo dispuesto en el artículo 259 de la Constitución, por cuanto éste otorga facultades a los Tribunales en lo contencioso-administrativo para anular los actos administrativos generales o individuales por contrariedad a derecho, que comprende -sin lugar a dudas- tanto la inconstitucionalidad como la ilegalidad.
Por otro lado, la norma a que se contrae dicho aparte del citado artículo 181 se aparta de la verdadera intención del legislador al regular temporalmente la jurisdicción contencioso-administrativa que era, por una parte, desconcentrar las competencias que tenía la Sala Político Administrativa, como el único tribunal contencioso administrativo, y por la otra parte, acercar más la justicia al ciudadano, sobre todo cuando existen controversias entre éstos y los entes estadales y municipales.De manera que, por tales circunstancias y en especial a que por mandato constitucional los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular actos administrativos por contrariedad al derecho, esta Sala Constitucional estima que la disposición contenida en el primer aparte del referido artículo 181 es a todas luces contraria a la Constitución, motivo por el cual, en uso de la potestad prevista en el artículo 334 de la Constitución, inaplica a los fines de determinar la competencia en el caso de autos, el primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia por ser inconstitucional, al enfrentar de manera incontestable la disposición establecida en el segundo aparte del artículo 259 de la Constitución, en cuanto sustrae a los tribunales contencioso administrativos distintos a la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo, la competencia que le fue otorgada por la propia Constitución para conocer de la nulidad de los actos administrativos (generales o particulares) contrarios a Derecho.

Asunto: Competencia para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra Reglamentos y actos de rango sublegal
(…) la Sala Constitucional, en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, conoce de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos realizados en ejecución directa de la Constitución o que tengan forma de ley.
(…) el control legal y constitucional de la totalidad de los actos de rango sublegal (entendiendo por tales actos, normativos o no, los dictados en ejecución directa de una ley y en función administrativa), son del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del contencioso-administrativo (…)”
Sentencia: N° 195 Fecha 03 de Abril de 2000.

Tema: Fisco Municipal
Materia: Derecho Tributario
Asunto: Legalidad Tributaria. Límites a la potestad sancionatoria. Caso: Parquímetros.

De un análisis preliminar, esta Sala observa que la Ordenanza impugnada establece un tributo que origina un cobro por el estacionamiento en las vías públicas, potestad que no se encuentra prevista en la Carta Magna como un ingreso de los entes locales, por lo cual, la creación y posterior aplicación de dicha tarifa podría constituir una infracción al principio de la legalidad tributaria, previsto en el artíuclo 317 de la vigente Constitución de 1999…”
“Es necesario señalar que los Municipios tienen unos límites en su potestad sancionatoria y éstos deben ser determinados por ley, y ésta a su vez no puede contradecir ni ir más allá del sentido y el alcance que a las sanciones le confiere la Constitución, dejando a los Reglamentos la función de complementar, explicar y aplicar la ley, sin poder jamás modificarla, ampliarla, ni alterarla en su espíritu, propósito y razón. En este sentido, al ser el texto constitucional expresión de principios y derechos fundamentales, y base de la organización de los poderes públicos, al clasificar los derechos y garantías y someter su regulación a las previsiones legales, entiende tal remisión a los fines de que sean las leyes las que van a determinar el contenido de tales derechos fundamentales.”
Sentencia: N° 201 Fecha 03 de Abril de 2000.

Tema: Homologación
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Indebida acumulación.

…la sentencia consultada, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, por considerar que el actor hizo una acumulación indebida de procedimientos, al identificar dos agraviantes distintos, como lo son, por una parte, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia que homologó el convenimiento de la demanda de intimación de pago de una letra de cambio interpuesta en su contra, y los abogados representantes, tanto del demandante como de la demandada, que intervinieron en el procedimiento que dio origen a la mencionada homologación.
Ahora bien, observa esta Sala que efectivamente el actor, identifica como presuntos agraviantes, al mencionado juzgado y a los referidos abogados; no obstante se evidencia del señalado escrito que tanto las denuncias constitucionales, como las pretensiones alegadas están claramente referidas a la decisión que homologó el convenimiento…”
“Así las cosas, el Tribunal Superior ha debido estimar que la acción de amparo fue interpuesta contra la sentencia en cuestión, y no considerar que hubo una acumulación indebida de procedimientos, razón por la cual la sentencia debe ser revocada…
Asunto: La indebida acumulación no constituye una causal de inadmisiblidad de la acción de amparo.
Por lo demás, quiere dejar sentado la Sala, que la indebida acumulación de procedimientos no es una causal de inadmisiblidad de la acción de amparo, ya que los supuestos de inadmisiblidad de ésta, se encuentran previstos en el artículo 6° eiusdem, el cual no prevé la indebida acumulación de procedimientos.
Sentencia: N° 210 Fecha 05 de Abril de 2000.

Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Competencia para conocer de la nulidad contra un acto administrativo de efectos particulares conjuntamente con el acto general que le sirve de fundamento.

(…) durante la vigencia de la Constitución de 1961, correspondía a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad lo establecido en el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para conocer la nulidad de un acto administrativo de efectos particulares y del acto general que le sirve de fundamento, siempre y cuando fueren alegadas razones de inconstitucionalidad; todo ello en concordancia con lo previsto en los artículos 42, ordinales 1°, 2°, 3° y 4° y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (…).
Ahora bien, a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, tales competencias atribuidas anteriormente a la Sala Plena, se encuentran actualmente asignadas a esta Sala Constitucional y a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia según lo dispuesto en los artículos 266 y 336 de la Carta Magna. Por lo cual, cuando el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia alude a la “Corte en Pleno”, debe entenderse que el tribunal competente será el que lo sea para conocer de la acción de inconstitucionalidad.
Sentencia: N° 211 Fecha 05 de Abril de 2000.

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Competencia para conocer de la nulidad de leyes y demás actos del Poder Legislativo Nacional.

(…) por cuanto el acto impugnado en autos, es una ley nacional dictada por el extinto Congreso de la República, y tal como informa la división jerárquica de los actos del Poder Público, las leyes dictadas por el Poder Legislativo Nacional se dictan en ejecución directa e inmediata de la propia Constitución, y por ello, en razón del rango del acto atacado, es esta Sala Constitucional el tribunal competente para conocer y decidir de la acción propuesta en autos (…).
Sentencia: N° 215 Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Homologación
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Homologación de Transacción. Capacidad de las partes para disponer del proceso.

En primer término, debe esta Sala precisar que la homologación de una transacción es el acto por el cual el juez imparte su aprobación al contrato bilateral por el que las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan -en el caso de autos- un litigio pendiente; es decir, los efectos procesales de la transacción no se producen sino a partir de la referida homologación, por lo que sólo desde ese momento puede hacerse referencia a la fuerza de cosa juzgada que tiene entre las partes. La gravedad de ello, por tanto, obliga a la verificación de la capacidad de las partes para disponer del proceso, y, muy especialmente, de los abogados que como apoderados las representen, por parte de la autoridad jurisdiccional a la cual competa impartir tal aprobación…”
“No plantea el decisor, como se aprecia, motivación alguna de la cual se constate como efectuado, el necesario análisis tendente a la verificación que debió preceder a la homologación, particularmente por lo que respecta a la capacidad para disponer por parte del representante judicial del demandado, lo que evidencia un ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional, violatorio del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva..
Sentencia: N° 216  Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Inhibición
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Lapso para que las partes formulen el allanamiento respectivo.

Todo lo anterior permite concluir a la Sala, que cuando el funcionario judicial se inhiba con fundamento en el ordinal 1° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 83 ejusdem, tal como sucedió en el caso de autos, debará dejar transcurrir el lapso de dos (2) días para que las partes formulen el allanamiento respectivo, a fin de proceder a tramitar lo necesario y desprenderse del conocimiento de la causa.
Es por ello que -tal como lo apreció el Tribunal a quo- al haberse convocado al Juez suplente…(omissis)…el mismo día -28 de abril de 1998- en que se inhibió el Juez Titular del referido, se le cercenó el derecho que tenía la parte accionante de manifestar el allanamiento al impedimento manifestado por el juez inhibido, dado que no se dejó transcurrir el lapso para formalizar tal recurso estipulado en el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, lesionándose de esta manera la garantía fundamental del derecho al debido proceso de la accionante…”
“Lo anterior conduce a señalar, que habiéndose recusado al Juez antes mencionado, mal podía éste decidir la causa que estaba sometida a su conocimiento en segunda instancia, por estar impedido legalmente para hacerlo, dado que, como se señaló, el Juez recusado, independientemente de la extemporaneidad o no de la interposición de la recusación incoada en su contra, éste debía desprenderse inmediatamente del conocimiento del asunto, y someter el análisis de la tempestividad de tal recurso, al órgano judicial competente para tramitar y decidir la incidencia como consecuencia de tal recusación…”
Sentencia: N° 217 Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Competencia
Materia: Derecho Procesal
Asunto: Derecho a ser juzgado por sus jueces naturales.

…es necesario enfatizar que aunque los órganos del Poder Público tienen sus particulares y separados ámbitos de competencia, están obligados a colaborar en la consecución de los fines del Estado, que no son ni deben ser otros que los de la misma sociedad. Si este precepto, consustancial a la funcionalidad del colectivo organizado, existe y es imprescindible entre órganos de poderes distintos, su vigencia e instrumental necesidad entre entes o instituciones de un mismo poder es indisputable. Por lo demás, la condición multidimensional del individuo en su desenvolvimiento es lo que determina que el ordenamiento jurídico tiene que ser concebido, entendido y aplicado como un todo armonioso y coherente; es un sistema en cuyo ámbito existe respuesta o solución para cualquier supuesto de la vida real con relevancia jurídica. Un mismo acto o acontencimiento puede tener repercusiones, incluso de distinto tenor y sentido, en campos o esferas jurídicas diversas y en todas tiene que ser resuelto de manera armoniosa.
La calificación que haya dado a su solicitud el órgano requiriente -en este caso el tribunal penal-, no determina ni desvirtúa su verdadera naturaleza; había tomado decisiones que repercutían en un proceso también jurisdiccional, pero de distinta naturaleza, en el que están involucradas o envueltas las mismas partes. Dicho órgano no sólo tenía competencia para hacer la solicitud sino que estaba obligado a ello. Lo contrario sería abrir las puertas a decisiones incoherentes o contradictorias, hacer nugatorios derechos o intereses legítimos de los particulares o del propio Estado y optar por una justicia sólo formal e ineficiente.
Sentencia: N° 225 Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Notificación
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Formalidades para practicar las notificaciones de las decisiones dictadas fuera del lapso.

De los elementos de juicio incorporados a las actas esta Sala concluye que, en verdad, el Juzgado …(omissis)… intentó notificar válidamente a las partes en litigio una decisión dictada fuera de lapso, a través de un cartel publicado en la prensa local. Dicho efecto pretendía lograrlo el referido juez aun en relación con la demandada en el juicio de origen, accionante en amparo, a pesar de que su domicilio procesal, establecido en la propia contestación de la demanda, se encontraba en lugar distinto a la sede del tribunal; circunstancia que se asevera en los autos, sin que haya sido desvirtuada en forma alguna, no varió durante el proceso. Siendo ésta la situación de hecho, sólo una es la consecuencia en derecho: la mencionada notificación no existió y no produjo efecto alguno…”
“No existe consideración ni circunstancia alguna que justifique o convalide la omisión de las formalidades esenciales de las que depende el ejercicio del derecho constitucional a la defensa, independientemente de las circunstancias de hecho en el caso concreto…
Sentencia: N° 230 Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Acción de amparo constitucional. Competencia.
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Atribución de competencia en razón de la materia y del territorio.

Desde el punto de vista de la competencia por razón de la materia, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone que son competentes, para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenzados de violación.
De esta disposición se desprende que, para identificar la competencia por razón de la materia en las causas de amparo, es necesario poner en relación de afinidad dos términos: el derecho, cuya violación o amenaza de violación se denuncia, y la materia de conocimiento del tribunal.”
“Visto que la idea de facilitar al presunto agraviado el acceso pronto y menos oneroso al tribunal competente, asi como la de procurar que el proceso se desarrolle en el lugar del hecho lesivo y de las pruebas, forman parte de la ratio de la disposición en referencia, cabe interpretar que el lugar del hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo es el del lugar donde el presunto agraviado sufra o tema efectivamente la lesión a sus derechos o garantías constitucionales.
Sentencia: N° 233 Fecha 06 de Abril de 2000.

Tema: Acción de amparo constitucional. Inadmisibilidad.
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: El anuncio del recurso de casación como causal de inadmisiblidad de la acción de amparo.

Según la disposición prevista en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no es admisible la accón de amparo cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinaras o hecho uso de los medios judiciales preexistenes.
En el caso de autos, el presunto agraviado optó por el recurso de casación y, además, manifestó su disposición de optar por el recurso de hecho…”
“En consecuencia, cabe interpretar que el presunto agraviado optó por la vía de recursos ordinarios y preexistentes, a través de los cuales cabía juzgar sobre los hechos denunciados.
Sentencia: N° 241 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Amparo constitucional
Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: Motivación de la sentencia.

Los artículos 365 y 442 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone expresamente la necesidad de que las sentencias sean motivadas…”
“Esta exigencia, obliga a los jueces a exponer o explicar con suficiente claridad, las razones o motivos que sirven de sustento a la decisión judicial, las cuales no pueden ser obviadas en ningún caso por el sentenciador, por cuanto constituyen para las partes garantía de que se ha decidido con sujeción a la verdad procesal.”
“Por otra parte, la motivación de la sentencia, garantiza el derecho a la defensa de las partes, ya que éstas al conocer los motivos de la decisión, tendrán los elementos necesarios para poder conocer -y eventualmente atacar- las razones que utilizaron los órganos encargados de administrar justicia para desestimar sus pretensiones.
Sentencia: N° 244 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Actos procesales
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Medidas de prohibición de enajenar y gravar. Oposición de terceros.

…es cierta la afirmación realizada por el Juzgador de la Segunda Instancia, según la cual, los terceros ajenos al juicio no pueden oponerse a una medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, dado que dicho medio de impugnación sólo puede ser ejercido por aquellos que tienen el carácter de partes, bien sea como demandantes o como demandados.
Sentencia: N° 246 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Aclaratorias y Ampliaciones del fallo
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: Alcance de la aclaratoria.

…ha sido pacífica doctrina de este alto Tribunal, que esta facultad de aclaratoria del juez respecto de la decisión dictada, se circunscribe únicamente a exponer con mayor claridad algún concepto ambiguo u oscuro de la sentencia, pero que, de ninguna manera, puede éste modificarla o alterarla. Así pues, cada vez que la solicitud de aclaratoria o de ampliación lleve implícita una crítica del fallo, argumentándose que se ha debido decidir algún punto de manera distinta a como sentenció el juzgador, no podría declararse procedente dicha solicitud, toda vez que se estaría desvirtuando el verdadero sentido o naturaleza de esta figura procesal.
Sentencia: N° 249 Fecha 24 de Abril de 2000.
Tema: Medidas cautelares
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: De la oposición.
Una vez precisado que el accionante en amparo era propietario de unos bienes y que esos bienes fueron objeto de una medida de secuestro en un juicio donde no formó parte, resta por precisar, si tal como lo sostiene el fallo apelado, la acción de amparo era el único medio breve, sumario e idóneo para lograr el restablecimiento de manera inmediata de los derechos denunciados como conculcados.
Al respecto, esta Sala ha determinado que la oposición a las medidas preventivas, consagrada en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, constituye un medio judicial ordinario breve, idóneo y eficaz para lograr la revocatoria, modificación o confirmación de las mismas.
En ese contexto, al ser la oposición a la medida cautelar el medio judicial ordinario con que cuenta la parte, ésta debe acudir a esa vía, ya que lo contrario conllevaría a declarar la inadmisiblidad del amparo propuesto, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Sentencia: N° 265 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Recurso de Colisión
Materia: Derecho Tributario
Asunto: Normas atributivas de competencia.

En primer lugar, debe señalarse que aparte de las mencionadas normas atributivas de competencia, no existen otras disposiciones relativas al procedimiento del denominado recurso de colisión, salvo la referencia expresa que del mismo hace el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que alude a la reducción de lapsos y la eliminación de las etapas de relación e informes cuando el asunto fuere de mero derecho. En el mismo sentido, puede afirmarse que tampoco existe regulación desde el punto de vista de los criterios materiales que han de seguirse cuando se planteen colisiones de normas.”
Sentencia: N° 268 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Ley para el Control de los CASINOS, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

Esta Sala observa que los dispositivos normativos contenidos en los artículos 24 y 25 de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, no contemplan una restricción total al ejercicio de dichas actividades, sino que simplemente consagran limitaciones al desarrollo de las mismas, antendiendo al tipo de actividad de que se trata, esto es, recreativas o de esparcimiento, basadas en juegos cuyo elemento esencial radica en el azar. De manera que, cumplidas las normas para su funcionamiento, todas las personas pueden dedicarse a tales actividades. Por lo tanto, los referidos dispositivos normativos no constituyen de modo alguno una presunción o amenaza de violación inmediata de derechos constitucionales a la libertad económica.
Sentencia: N° 271 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Normas procedimentales
Materia: Derecho Laboral
Asunto: Control difuso de la Constitución.

Por lo tanto, esta Sala observa que si bien la decisión del juzgador de instancia resultó excesiva en cuanto al uso del medio de protección difuso de la Constitución, pues erró en la determinación del instrumento normativo con el cual el artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo relamente entraba en contradicción, la misma resulta a fin de cuentas ajustada al principio de legalidad de la actuación de los órganos y autoridades del poder público, por lo que la desaplicación del artículo del Reglamento en cuestión se atuvo a la expresión de dicho principio…”
“No obstante estima la Sala que, merced al principio de la legalidad, bastaba al Juzgado Superior tantas veces mencionado la mera desaplicación de la norma contenida en el artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo -visto que dicho Reglamento contiene un precepto con pretensión de generalidad en materia que no le era permitida por la Ley Orgánica del Trabajo-, estima la Sala que la desaplicación efectuada se ajusta a los postulados del principio expresado, por lo que no se evidencia en este caso violación alguna al derecho constitucional a la defensa del recurrente ni a ningún otro derecho o garantía expresa o implícitamente reconocido.
Sentencia: N° 290 Fecha 24 de Abril de 2000.

Tema: Habeas Corpus
Materia: Derecho Penal
Asunto: De la revisión de las sentencias.

…la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 336, numeral 10, atribuye competencia a esta Sala para revisar las sentencias de amparo constitucional que dicten los tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica…”
“La Sala estima que, a los fines de juzgar sobre si procede el ejercicio de su potestad de revisión en el caso de autos, es pertinente valorar, entre otros elementos, la gravedad del presunto hecho lesivo el tenor de las decisiones pronunciadas a su respecto por los tribunales de instancia.
En cuanto al presunto hecho lesivo, de los autos se desprende que la acción fue ejercida a causa de la presunta desaparición forzada del ciudadano …(omissis)… La Sala considera que, de verificarse, la desaparición forzada de un ciudadano constituiría un hecho de especial gravedad…

El historicismo o escuela histórica se ha caracterizado porque durante la edad moderna prevalecía la tendencia racional el racionalismo y en esa época específicamente quien llevo la bandera del racionalismo fue el iusnaturalismo o escuela de derecho natural, esta escuela echo por tierra  la tendencia de la edad medieval O el Medioevo que estaba presente la teología.

El iusnaturalista consideraba que todo lo que tenía que ver…   no estaba dentro del ámbito de Dios sino que estaba inmerso en el mismo hombre, es decir

El derecho natural forma parte, es inherente a la naturaleza humana; A partir de aquí no se puede concebir nada si no esta dentro de la razón humana, no se puede mezclar la filosofía con la teología, la filosofía busca indagar, buscar dentro de la razón humana si es así Participa con el método cartesiano o la ley de descartes, pienso y luego existo, es decir no se concibe absolutamente nada si no ha pensado el hombre, por eso se considera la escuela del iusnaturalista Es totalmente racionalista.

El iusnaturalismo hecha por tierra el derecho natural, el derecho natural siempre va a estar inmerso dentro del ámbito teológico de Dios, para san Agustín estaba inmerso en  la ley divina. Para santo tomas de Aquino:

  • Ley natural
  • Ley divina
  • Ley humana
  • La ley natural … con la ley humana para que el hombre pueda entender lo que realmente quería a través de la revelación

El derecho natural es inherente a la naturaleza humana empezando por el derecho a la vida. El derecho natural es en pro del derecho humano, el respeto al derecho a la vida y no a favor del aborto.

Los derechos humanos es una visión  iusnaturalista porque es garantista de los derechos humanos.

Si esa es la bandera del iusnaturalismo, garantizar los derechos del hombre, entonces entramos en la edad moderna y se le da el nombre de  iluminismo y se le da cabida al método científico, cualquier investigación que consiste en analizar al hombre que conlleva a un  método científico, investigación que va a dar como resultado un método que va a dar como resultado que bien sea a favor de …..entonces va a haber un método cientifico de  observación y  es El método deductivo lógico que va de lo general a lo particular.

Y a partir de ese momento El iusnaturalismo  Parte del pacto o contrato social que señala al hombre tenga una vida dentro del contrato social, el hombre dentro del gobierno.

El hombre se satisface de lo que le provee la naturaleza.

La escuela histórica considera que el hombre estudia el derecho  a través de los tiempos

El iusnaturalismo surge con el estado

El historicismo, primero nace el derecho y luego el estado

Elementos del historicismo:

Hechos históricos en el tiempo

Los positivistas, la fuente del derecho es la ley, para el historicismo  es la costumbre, una practica reiterada en el tiempo y se consolida como ley, no se le puede atribuir a un legislador ni a un estado, sino al hombre en sociedad, emplea el método histórico.

Característica fundamental del historicismo

La producción de este derecho viene a darse por la conciencia natural o alma del pueblo, es decir que el derecho emana de la misma voluntad del pueblo, del alma del pueblo.

Ramas:

FILOSOFIA

PRECURSORES

Vico

Montesquieu

FILOSOFIA POLITICA O

HISTORICISMO

POLITICO

FILOSOFIA HISTORICA O

HISTORICISMO

FILOSOFICO

FILOSOFIA O

HISTORICISMO JURIDICO

JUAN BAUTISTA VICO:

Una ciencia nueva o teoría del retorno o ciclos.

Apoya la visión general, el derecho surge del derecho natural y la denomina voluntad nacional, el derecho surge de la voluntad nacional, del pueblo, que surge de la voluntad individual, nacional y surge el derecho y el estado.

Tiene su génesis  en la costumbre, esta voluntad deriva de la práctica de los individuos y el derecho surge de esa voluntad nacional, no nace de un poder legislativo. Vico dice que ese derecho es producto de un proceso histórico que se ha dado en el tiempo.

En la etapa prehistórica el hombre sabia que había un derecho, no planificado, sino rudimentario y no hay estado y a través del tiempo fue procesado el derecho hasta lograr la perfección, el pueblo le daba la perfección a través del tiempo.

Aporte: Como se crea esa ciencia nueva? Hay que unir la conformación de la filosofía con la filología.

La filosofía busca la verdad de las cosas. La filología se encarga de estudiar los hechos históricos que han marcado pautas.

Si hablamos de pergaminos o acontecimientos plasmados en cavernas, es filología.

Si uno la filosofía y la filología se crea una nueva ciencia para alcanzar la totalidad…. No pueden separase. Es inmanente.

Aportes de la teoría del retorno o ciclos:

Hay tres estados o etapas:

  1. edad divina
  2. edad heroica
  3. edad humana

Cada una esta representada por una forma de gobierno.

1.-edad divina: estudia a Dios, la teología conformado por un estado, teocracia influenciado por el ámbito religioso solo se escuchara al representante de Dios en la tierra. Esta regido por la iglesia católica.

2.-edad heroica: formada por aristócratas, esta la autocracia, esta forma de gobierno la detenta una sola apersona, es ilimitado en sus funciones, puede ser una monarquía absoluta.

3.-edad humana: etapa de mayor desarrollo, la cumbre del desarrollo del hombre, la democracia, esta representada por un grupo de personas, el poder reside en el pueblo.

Ejemplo: sistema capitalista, hay libertad y respeto por los individuos, esta representada por la revolución francesa.

Dice que la historia siempre se repite al terminar una etapa, retorna a la otra etapa.

Para el hay tres tipos de estado:

República

Monarquía

Democracia.

CARLOS DE MONTESQUIEU

Decía: no es precisamente esto, si no otra cosa, la denomina:

Doctrina geográfica

Se va por otro lado porque el derecho surge de la incidencia de factores externos, como el clima, el suelo, la geografía, la economía, la sociología y las instituciones políticas.

Base: Montesquieu es sociólogo, porque todo parte de la base social.

Cada uno de esos factores inciden en la sociedad, la cual es cambiante, el clima incide en el comportamiento del individuo, en verano es mas agresivo, comete homicidios, roba, esta presente el factor violencia, en el invierno el hombre es pasivo, le impide la movilización y tiene tiempo para premeditar, pensar, hurta, estafa.

No es lo mismo un verano que un invierno. Si hay un desastre natural (deslave en la guaira)  este genero un comportamiento delictivo, hubo hurto, violaciones mas las condiciones, falta de comida.

Los desastres coinciden con la sociedad, mas pobreza, mas delito, mientras mas pobreza, mayor será la forma en que piensa el hombre para cometer el delito.

Cuando el estado produce, hay mayor abundancia, en la monarquía había mucha tierra, es la mas rica, la aristocracia era medianamente rica.

La democracia era pobre, La aristocracia y la monarquía tenían mas riquezas, la democracia era la peor condición, el suelo es estéril y tiene consecuencias nefastas.

Otro aporte:

Independientemente del estado, debe haber una separación de poderes, por un lado habla de las leyes del estado hay una teoría de contra peso, el primer poder no invada al segundo poder y asi sucesivamente, deben ser autónomos.

Viene del alma del pueblo, a la sociedad, a la conciencia popular. Montesquieu tiene como forma de gobierno: la monarquía ilustrada o monarquía constitucionalista.

No se concibe una forma de gobierno sin constitución, si no es así seria otra forma de gobierno.

No concentra los poderes en una sola persona.

Es desconcentrada, distribuye los poderes

Hay constitución

FILOSOFIA POLITICA O HISTORICISMO POLITICO.

Celaba por sus intereses particulares.

Representante: Edmundo Burke

Para el detractor de la revolución francesa, dijo que era lo peor, anarquía impactando en procesos de monarquía de europa y francia, era un impacto negativo.

Un pueblo pobre, se levanta, esta revolución francesa esta la burguesía.

El dice que debe prevalecer la monarquía adsoluta, no debe existir la democracia porque el poder esta en manos del pueblo y se busca los mecanismos para retornar a la monarquía absoluta.

En francia prevalecía la monarquía absoluta hasta que los pobres se levantaron, su bandera era la libertad, cansados de la opresión de la monarquía2020 rompieron las cadenas, la sociedad hacia el estado, no el estado hacia la sociedad.

Busca la manera de destruir la democracia.

Señala que la conciencia del pueblo genera el derecho, pero hay que tener una persona que lo haga, el monarca.

HISTOTICISMO FILOSOFICO: Representada por: Heguel y Shelling

Retoman lo que los historicistas han señalado, para el la conciencia del pueblo emana del pueblo, sabe y se hace consciente.

Debe haber acontecimientos.

Su comportamiento al principio no puede ser palpado porque viene del ser del hombre.

El hombre siente la necesidad de que sea costumbre.

El método ideal es el histórico porque  va hacia la sociedad.

Es la esencia del hombre lo que permite el derecho,

son detractores del positivismo porque no es un legislador lo que lo crea, es la esencia del hombre, el pueblo es quien crea esa ley.

HISTOTICISMO JURIDICO

Representantes: Gustavo Hugo, Carlos Savigny, Jorge Puchta

Gustavo Hugo; detractor del iusnaturalismo, reitera que el derecho es producto del pueblo.

Niega la teoría del pacto social, dice que es mentira el supuesto contrato social, porque no se da una explicación clara del contrato social porque no se sabe de donde sale, es abstracto, no se puede sentir, no se vio nunca.

El estado y el derecho es parte de la costumbre del mismo hombre viviendo en sociedad, a través de hechos históricos.

No hay contrato social porque todo es por hechos históricos que genera la existencia del estado y el derecho.

El derecho existe antes de la constitución

El estado le da dinámica

El estado le da vida, pero no significa que el derecho…………

Aniquila el iusnaturalismo y al pacto social.

Carlos Savigny: detractor del positivismo, jaman, nunca se debe codificar el derecho, la ley nunca será codificada, lo cual significaría la polizacion del derecho, el derecho debe ser cambiante, el derecho nace de Roma y esos acontecimientos hacen que nazca el derecho.

El derecho no es el mismo en la antigüedad, se modifica.

No cree en la ley escrita porque la ley es costumbre.

Si creo una ley se estanca, no cree en reforma parcial o total.

Todos los días el derecho esta en constante movimiento, evolucionando.

Jorge Puchta: señala, reafirma los anteriores, la dinámica…

Pero anexa un elemento: DIOS, la conciencia del pueblo lo guía Dios.

TSJ-LOGO

Sentencia: N° 44 del 01 de Marzo 2000. 
Tema: Recurso de Revisión Materia: Derecho Constitucional.
Asunto: Del recurso extraordinario de Revisión.

…observa la Sala que con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, surge la posibilidad de revisar una sentencia de amparo una vez agotada la doble instancia, sin necesidad de interponer una nueva acción de amparo. No obstante esta revisión está sometida a la discrecionalidad de la Sala.
En efecto, esta novísima figura de la revisión extraordinaria cuyo fundamento es el artículo 336 numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha sido creada con la finalidad de uniformar crietrios constitucionales, así como de evitar decisiones que lesionen los derechos y garantías que consagran la Carta Magna. Su eficacia dependerá de la forma como se sitematice y la correcta aplicación de sus postulados.”
“…esta discrecionalidad que se le atribuye a la revisión a que se ha hecho referencia, no debe ser entendida como una nueva instancia, ya que como se dijo precedentemente, la misma sólo procede en casos de sentencias ya firmes, esto es, decisiones que hubieren agotado todas las instancias que prevé el ordenamiento constitucional.

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/044,%2000-0097,%20020300.HTM

Sentencia: N° 61 del 01 de Marzo 2000. 
Tema: Acción de amparo constitucional Materia: Derecho Constitucional.
Asunto: Aplicación de los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
(…) visto que en las actas constitutivas del mismo no consta la copia certificada de la decisión (…), documento fundamental para que esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia dicte su decisión, hecho que se subsume en lo estipulado en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala, conforme al artículo 19 eiusdem, emplaza a la accionante de autos para que consigne la referida copia certificada en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación. Si no lo hiciere, la acción de amparo será declarada inadmisible.
Sentencia: N° 65 del 08 de Marzo de 2000. 
Tema: Acción de amparo constitucional. Competencia. Materia: Derecho Constitucional.
Asunto: Competencia de la Sala Constitucional en materia de amparo.
Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, ( …) la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales.
Sentencia: N° 66 del 08 de Marzo 
Tema: Acción de amparo constitucional. Competencia.  Materia: Derecho Constitucional

Asunto: Competencia para conocer de las apelaciones o consultas de sentencias de amparo.

El artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, atribuye el conocimiento de las apelaciones o consultas de las sentencias de amparo constitucional al tribunal superior respectivo. La remisión correspondiente se venía realizando en razón de la jerarquía de los Tribunales, de acuerdo a la afinidad de sus competencias con los derechos constitucionales denunciados en el caso concreto, esto en virtud de la inexistencia de un Tribunal especial, en el cual se concentrara la materia constitucional.
Ahora bien, con la creación de esta Sala, vértice de la jurisdicción constitucional, el propio Texto Fundamental determinó su propósito esencial, cual es garantizar la supremacía y efectividad de la Constitución, así como velar porque los preceptos constitucionales se interpreten y apliquen correctamente. Este control lo ejerce -entre otras atribuciones- a través de las revisiones, bien obligatorias, -entre las cuales se encuentran las consultas o apelaciones a que hace referencia el aludido artículo 35- o facultativas, cuando se haya agotado la doble instancia.
Sentencia: N° 67 del 08 de Marzo de 2000. 
Tema: Acción de amparo constitucional. Competencia.  Materia: Derecho Constitucional

Asunto: El propósito esencial de la Sala Constitucional y la interpretación de la facultad revisora atribuida por el artículo 336 numeral 10 de la Constitución a la citada Sala.

El artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, atribuye el conocimiento de las apelaciones o consultas de las sentencias de amparo constitucional al tribunal superior respectivo. La remisión correspondiente se venía realizando en razón de la jerarquía de los Tribunales, de acuerdo a la afinidad de sus competencias con los derechos constitucionales denunciados en el caso concreto, esto en virtud de la inexistencia de un Tribunal especial, en el cual se concentrara la materia constitucional.
Ahora bien, con la creación de esta Sala, vértice de la jurisdicción constitucional, el propio Texto Fundamental determinó su propósito esencial, cual es garantizar la supremacía y efectividad de la Constitución, así como velar porque los preceptos constitucionales se interpreten y apliquen correctamente. Este control lo ejerce -entre otras atribuciones- a través de las revisiones, bien obligatorias -entre las cuales se encuentra las consultas o apelaciones a que hace referencia el aludido artículo 35- o facultativas, cuando se haya agotado la doble instancia.
Así lo entendió la Sala, cuando en fecha 20 de enero del año 2000, interpretó la facultad revisora que le atribuye el Texto Constitucional en su artículo 336 numeral 10, según el cual: “Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (omissis) revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva” (subrayado añadido).
En este sentido señaló el referido fallo, que esta facultad debe ejercerse respecto de todas las sentencias que resuelven acciones de amparo constitucional dictadas por los Juzgados Superiores de la República, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan como Tribunales de Primera Instancia.
Asunto: A que está dirigida la acción de amparo prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
La acción de amparo constitucional prevista en el artículo 4º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no está dirigida solamente a las sentencias o fallos judiciales, sino que la misma puede referirse a cualquier decisión o acto que realice el Juez que, en criterio del accionante, lesione sus derechos constitucionales.
Sentencia: N° 68 del 08 de Marzo de 2000. 
Tema: Acción de amparo constitucional. Competencia.  Materia: Derecho Constitucional

Asunto: El conocimiento de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Corresponde a la Sala Constitucional, por su esencia, al ser la máxima protectora de la Constitución y además ser el garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere dicho artículo.
Sentencia: N° 69 del 08 de Marzo de 2000. 
Tema: Competencia  Materia: Derecho Constitucional

Asunto: Competencia de la Sala en materia de consultas y apelaciones en amparo.

…con la creación de esta Sala, vértice de la jurisdicción constitucional, el propio Texto Fundamental determinó su propósito esencial, cual es garantizar la supremacía y efectividad de la Constitución, así como velar porque los preceptos constitucionales se interpreten y apliquen correctamente. Este control lo ejerce -entre otras atribuciones- a través de las revisiones. bien obligatorias -entre las cuales se encuentran las consultas o apelaciones a que hace referencia el aludido artículo 35 – o facultativas, cuando se haya agotado la doble instancia.
Sentencia: N° 79 del 08 de Marzo de 2000.  
Tema: Acción de amparo constitucional. Competencia.  Materia: Derecho Constitucional

Asunto: Competencia de la Sala Constitucional

Corresponde a la Sala Constitucional, por su esencia, al ser la máxima protectora de la Constitución y además ser el garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores. Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales.
Asunto: Lapso de caducidad establecido en el artículo 6 numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
el artículo 6 numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales consagra el lapso de caducidad de 6 meses después de la alegada violación o amenaza al derecho protegido;
La norma antes transcrita establece como presupuesto de admisibilidad para el ejercicio de la acción de amparo constitucional que la misma sea ejercida en un lapso de seis meses después de la violación, indicando la norma un lapso de caducidad que afecta directamente el ejercicio de la acción, así, una vez transcurrido dicho lapso de 6 meses será inadmisible la interposición de la acción de amparo constitucional, por ser este un requisito de admisibilidad (presupuesto procesal) que debe ser revisado por el juzgador antes de pasar a analizar el fondo de la cuestión debatida, es decir la procedencia o no de la acción de amparo propuesta. Este lapso de caducidad creado por el legislador tiene como función primordial el mantenimiento de la paz social, y resulta ser un presupuesto de validez para el ejercicio de la acción.
Asunto: Causal de inadmisibilidad de la acción de amparo.
Conforme lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no se admitirá la acción de amparo cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes.
Sentencia: N° 80 del 08 de Marzo de 2000. 
Tema: Acción de amparo constitucional Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Carácter extraordinario de la acción de amparo constitucional
El amparo constitucional es una acción de carácter extraordinario, por lo que su procedencia está limitada sólo a casos en los que sean violados a los solicitantes de manera directa, inmediata y flagrante derechos subjetivos de rango constitucional o previstos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, para cuyo restablecimiento no existan vías procesales ordinarias, eficaces, idóneas y operantes.
Sentencia: N° 81 del 08 de Marzo de 2000. 
Tema: Acción de amparo constitucional. Competencia.  Materia: Derecho Constitucional

Asunto: Competencia para conocer de acción de amparo contra los altos funcionarios a que se refiere el a0rtículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

De manera específica se ha pronunciado esta Sala Constitucional sobre la disposición transcrita, al señalar que corresponde a la misma el conocimiento en única instancia de las acciones de amparo incoadas “contra los altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores.
Sentencia: N° 83 del 08 de Marzo de 2000. 
Tema: Acción de amparo constitucional. Competencia.  Materia: Derecho Constitucional

Asunto: Competencia de la Sala Constitucional para conocer de apelación y consulta en materia de amparo.

…corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgado o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia.
Asunto: El Poder cautelar del Juez.
la posibilidad de dictar medidas cautelares innominadas, supone el ejercicio del poder cautelar general que asiste a todos los jueces de la República, y que se dirige al eficaz aseguramiento y prevención de los presuntos derechos deducidos en juicio por las partes, tanto si se solicitan en la fase de cognición como en la de ejecución
Sentencia: N° 84 del 08 de Marzo de 2000. 
Tema: Acción de amparo constitucional Materia: Derecho Constitucional.

Asunto: La acción de amparo constitucional en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial el día 30 de diciembre de 1999, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que en primer término precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en su goce y ejercicio, aun de aquellos inherentes a su naturaleza que no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo que “(?) será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad (?)”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje ella.Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los tribunales de la República, deja dicha función al legislador, correspondiéndole repartir entre los distintos órganos las respectivas porciones del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como fuera que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la referida Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.
Asunto: Lo que comprende el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
si bien se menciona en la norma el amparo contra “una resolución, sentencia o acto” del tribunal, debe entenderse comprendida además en la misma disposición, la posibilidad de accionar en amparo contra un tribunal por su falta de pronunciamiento; situaciones que constituyen una omisión que podría también ser susceptible de configurar un caso de violación de derechos de rango constitucional y, por tanto, equiparable a un vicio de incompetencia del tribunal “latu sensu” -en sentido material y no sólo formal- que, como ha interpretado la Corte Suprema de Justicia, es el que debe atribuírsele al término “incompetencia” a que se refiere la referida norma.
Sentencia: N° 85 del 08 de Marzo de 2000. 
Tema: Acción de amparo constitucional. Competencia.  Materia: Derecho Constitucional.
Asunto:Competencia de la Sala Constitucional para conocer de consultas o apelaciones de sentencias de amparo.
…corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgado o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia.
Sentencia: N° 86 del 08 de Marzo de 2000.

Tema: Acción de amparo constitucional. Competencia. Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Competencia de la Sala Constitucional en materia de acción de amparo constitucional.

Por ser función de esta Sala, según el artículo 335 de la Constitución, la interpretación de dicha Carta Magna, es claro que la materia de su conocimiento abarca las infracciones constitucionales, como lo demuestran las atribuciones que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga a la Sala Constitucional en su artículo 336. Esta circunstancia la convierte en la sala que por la materia tiene la competencia para conocer, según el caso de las acciones de amparo constitucional propuestas conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales. Por otra parte, debido a su condición de juez natural en la jurisdicción constitucional, la competencia que contempla el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y garantías Constitucionales ha desaparecido, ya que la materia constitucional corresponde a esta Sala.Por las razones expuestas, esta Sala declara que, la competencia expresada en los artículos 7 y 8 de la ley antes citada, se distribuirá así:1.- Corresponde a la Sala Constitucional, por su esencia, al ser la máxima protectora de la Constitución y además ser el garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley orgánica de Amparo sobre Derechos y garantías Constitucionales. Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales.

Sentencia: N° 88 del 13 de Marzo de 2000

Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Procedimiento de la acción de amparo ejercida conjuntamente con acción de inconstitucionalidad.

1. Una vez recibida en esta Sala la acción de nulidad, interpuesta conjuntamente con amparo constitucional, el Juzgado de Sustanciación de la Sala decidirá mediante auto sobre la admisibilidad de la acción principal, a menos que por la urgencia del caso la Sala decida pronunciarse sobre la admisión de la misma, supuesto en que también la Sala se pronunciará sobre el amparo ejercido conjuntamente con la referida acción de nulidad.
2. En caso de que se declare inadmisible la acción principal, se dará por concluido el juicio y se ordenará el archivo del expediente.
3. Para el supuesto que se admita la acción de nulidad, en el mismo auto se ordenará abrir cuaderno separado en el cual se designará Ponente, a los efectos de decidir sobre el amparo constitucional.
4. El procedimiento de nulidad continuará su trámite por ante el Juzgado de Sustanciación, y la Sala decidirá sobre la procedencia o no del amparo constitucional. En el caso que se acuerde el amparo se le notificará de dicha decisión al presunto agraviante, para que, si lo estima pertinente, formule oposición contra la medida acordada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación, supuesto en el cual se convocará para una audiencia oral y pública que se efectuará en el tercer (3º) día siguiente a la formulación de la oposición, a fin de que las partes expongan sus alegatos. En el auto en el que se fije la celebración de la audiencia oral y pública, se ordenará la notificación del Ministerio Público.
5. Una vez concluido el debate oral, la Sala en el mismo día deliberará, y podrá:
a) Pronunciarse inmediatamente sobre la oposición, en cuyo caso se expondrá de forma oral los términos de la decisión, la cual deberá ser publicada íntegramente dentro de los cinco (5) días siguientes a la audiencia en la cual se dictó aquélla.
b) Diferir la audiencia oral por un lapso que en ningún momento será mayor de cuarenta y ocho (48) horas por estimar que es necesario la presentación o evacuación de alguna prueba que sea fundamental para decidir el caso, o a petición de alguna de las partes o del Ministerio Público.
6. La decisión recaída sobre el amparo constitucional en nada afecta la tramitación de la causa principal.
Sentencia: N° 98 del 14 de Marzo de 2000

Tema: Pruebas
Materia: Derecho Procesal
Asunto: Caracteristicas confluyentes del hecho comunicacional

Es cierto que el hecho comunicacional, como cualquier otro hecho, puede ser falso, pero dicho hecho tiene características que lo individualizan y crean una sensación de veracidad que debe ser tomada en cuenta por el sentenciador. Esos caracteres confluyentes son:
1) Se trata de un hecho, no de una opinión o un testimonio, si no de un evento reseñado por el medio como noticia;
2) Su difusión es simultánea por varios medios de comunicación social escritos, audiovisuales, o radiales, lo cual puede venir acompañado de imágenes;
3) Es necesario que el hecho no resulte sujeto a rectificaciones, a dudas sobre su existencia, a presunciones sobre la falsedad del mismo, que surjan de los mismos medios que lo comunican, o de otros y, es lo que esta Sala ha llamado antes la consolidación del hecho, lo cual ocurre en un tiempo prudencialmente calculado por el juez, a raíz de su comunicación; y
4) Que los hechos sean contemporáneos para la fecha del juicio o de la sentencia que los tomará en cuenta.
Sentencia: N° 113 del 16 de Marzo de 2000
Tema: Acción de amparo constitucional

Materia: Derecho Constitucional
Asunto: La acción de amparo contra decisiones judiciales y el hábeas corpus. Consagración.

En este sentido debe señalarse, que ambas figuras -amparo contra decisiones judiciales y hábeas corpus- se encuentran consagradas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de manera separada, siendo que la primera va dirigida a restituir la situación jurídica infringida ocasionada por una sentencia, resolución o acto emanado de un Tribunal, actuando fuera de su competencia -entiéndase con abuso o extralimitación de poder- lesionando con su actuación derechos y garantías protegidas por la Constitución; en tanto que el hábeas corpus se concibe como la tuición fundamental de la esfera de la libertad individual, como una verdadera garantía contra arrestos y detenciones arbitrarias.
Asunto: Procedencia del recurso de hábeas corpus.
Ahora bien, entiende la Sala, haciendo una interpretación armónica y coherente que garantice una adecuada aplicación de ambos institutos, que el recurso de hábeas corpus, por principio, resulta procedente cuando se trata de proteger al ciudadano frente a arbitrarias detenciones administrativas, más sin embargo el mismo también es ejercible en aquellos casos en los cuales exista de por medio una detención de carácter judicial pero, únicamente cuando dichas decisiones no cuenten con un medio ordinario de impugnación o éste no sea acorde con la protección constitucional que se pretende.
Sentencia: N° 132 del 16 de Marzo de 2000.

Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: El fuero atrayente contenido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

(…) el fuero atrayente contenido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para conocer de las acciones de amparo constitucional que se interpongan en contra de altos funcionarios del Poder Público, tiene su fundamento en razón de la importancia y trascendencia política que pueda derivarse de las acciones de amparo constitucionales que se interpongan en contra de los actos u omisiones de estos funcionarios, explanados en forma enunciativa en el referido artículo.
De tal manera, que todas las acciones que se intenten contra altos funcionarios de la administración nacional tendrán que ser ventilados ante este Tribunal Supremo de Justicia, como máximo jerarca del Poder Judicial, lo cual asegura que el control de la violación constitucional a un derecho o garantía por parte de los actos emanados de estas autoridades, sean decididos con mayor certeza dado su posible incidencia en el acontecer político del Estado.
Asunto: Requisitos que deben reunir las altas autoridades públicas para entenderse comprendidas dentro del artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales
(…) a pesar del carácter enunciativo del artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no quiere decir que el fuero especial allí previsto deba ser extendido a todo tipo de autoridad del Poder Público, sino que debe reunir dos requisitos intrínsecos para estar dentro del supuesto contenido en el artículo in comento que son: la jerarquía constitucional y el carácter nacional, pues lo que ha querido el legislador con ésta exclusiva potestad del Tribunal Supremo de Justicia, es que la tutela de los derechos constitucionales afectados por órganos del Poder Público, sea ejercida sólo por ésta mientras se encuentre en entredicho la legalidad de los actos de los órganos del Poder Público Nacional, bien sea porque su actividad derive de un mandato expreso de la Constitución, o bien porque su competencia sea ejercida en todo el territorio de la República afectando así múltiples factores políticos, sociales y económicos de la Nación.
Asunto: Competencia para conocer de las acciones de amparo interpuestas contra el Gobernador del Distrito Federal. El Gobernador del Distrito Federal, escapa al enunciado del articulo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En el caso del Gobernador del Distrito Federal, su competencia no abarca todo el territorio de la República, pues sus potestades están circunscritas a los límites del Distrito Federal, de lo que se desprende, que el Gobernador del Distrito Federal, escapa al enunciado del artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales pues no tiene rango constitucional y mucho menos competencia en todo el territorio de la República. Por lo tanto, el deslinde competencial para el conocimiento de las acciones de amparo constitucionales debe ser hecho en fundamento al criterio de afinidad entre la materia natural del juez y los derechos o garantías denunciados como violados, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con el artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, son competentes para conocer en primera instancia de dichas acciones los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de las diferentes regiones.
Sentencia: N° 156 del 23 de Marzo de 2000.

Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Procedencia de las medidas cautelares innominadas en la acción de amparo constitucional

Dada la urgencia del amparo, y las exigencias del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no puede exigírsele al accionante, que demuestre una presunción de buen derecho, bastando la ponderación por el juez del fallo impugnado; mientras que por otra parte, el periculum in mora, está consustanciado con la naturaleza de la petición de amparo, que en el fondo contiene la afirmación que una parte está lesionando a la otra, o que tiene el temor que lo haga y, que requiere que urgentemente se le restablezca o repare la situación. De allí, que el juez del amparo, para decretar una medida preventiva, no necesita que el peticionante de la misma le pruebe los dos extremos señalados con antelación en este fallo, ni el temor fundado de que una de las partes pueda causar a la otra lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, ya que ese temor o el daño ya causado a la situación jurídica del accionante es la causa del amparo, por lo que el requisito concurrente que pide el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, para que procedan las medidas innominadas, tampoco es necesario que se justifique; quedando a criterio del juez del amparo, utilizando para ello las reglas de lógica y las máximas de experiencia, si la medida solicitada es o no procedente.
Sentencia: 158

Tema: Tribunal Supremo de Justicia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Jerárquía de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia

(…) dentro de la estructura del Alto Tribunal, no se encuentra una Sala que tenga preeminencia sobre el resto de las mismas, ya que tal como quedó expuesto, todas las Salas conservan el mismo grado de jerarquía dentro de dicho órgano, atendiendo a las materias que le competen a cada una de ellas.
Asunto: Interposición de recursos contra decisiones de las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia
(…) resulta infundada la pretensión de nulidad intentada por la recurrente en contra del dispositivo normativo contenido en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que prohíbe la admisión de recursos contra decisiones dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia en cualquiera de sus Salas, ya que tal como ha quedado expuesto, la intención del Constituyente no fue la creación de un órgano supremo de justicia como máximo garante de la administración de justicia, con una Sala a su vez, con mayor jerarquía o preeminencia sobre el resto de las Salas.