Las fases de la investigación criminal son las siguientes:

  1. Conocimiento del hecho (ciudadano o autoridad).
  2. Comprobación del hecho (por lo común, personal policial).
  3. Diligencias preliminares y posteriores al hecho (grupo interdisciplinario: fiscal, investigadores, criminalistas y técnicos.
  4. Formulación de hipótesis (grupo interdisciplinario).
  5. Planeación de la investigación (grupo interdisciplinario).
  6. Recopilación y obtención de la información (investigadores).
  7. Fuentes de información (investigadores).
  8. Manejo de informantes (investigadores).
  9. Entrevistas (expertos).
  10. Análisis de la información (grupo interdisciplinario).
  11. Esquematización de relaciones (grupo interdisciplinario e investigadores).
  12. Informe y expedientes (autoridad competente).

Veamos a continuación cada una de ellas:

Conocimiento del hecho

Es la información, denuncia, flagrancia, hallazgo o manifestación que llega por cualquier medio circunstancia o conocimiento de la autoridad policial sobre la comisión de un acto delictuoso o infracción punible o supuestamente delictiva, para su posterior comprobación e inicio de las primeras diligencias.

Comprobación del hecho

Es la diligencia policial que consiste en la verificación directa en el mismo sitio de ocurrencia del hecho. El investigador debe orientarse a fin de establecer si realmente está en presencia de un acto o de la comisión de un  delito tipificado por la legislación penal vigente. Para ello es conveniente proceder con calma, sin apresuramiento y no dejándose llevar por la rutina.

Diligencias preliminares

Son el conjunto de acciones que realiza el investigador paralelas o simultáneas a la comprobación del delito, con el objeto de reunir, varias informaciones con base en denuncias, testimonios, entrevistas, etc., relativas al acto criminal que se ha suscitado, para así llegar  a la verdad de lo ocurrido por conducto de métodos, técnicas y procedimientos técnicos-científicos.

Formulación de hipótesis

La hipótesis debe ajustarse y ser coherente con la información plenamente establecida mediante el conocimiento del hecho y de las relaciones determinadas, con base en datos, y que tengan conexión con otros hechos.

El ejercicio de la formulación de hipótesis debe estar libre de cualquier suposición que tenga origen en perjuicios, sentimientos o intereses personales de los investigadores que adelantan el caso.

Formuladas las hipótesis, se ordenan de acuerdo con el grado de complejidad, es decir la que ofrezca mayor cantidad de información comprobable. Aquí se determinan cuáles requieren actividad de investigación específica y cuáles se pueden descartar.

Planeación de la investigación criminal

A partir de las hipótesis que el grupo interdisciplinario ha escogido como mejor, se desarrolla el plan de investigación en el que se establece cuales son las preguntas a las que se les está buscando respuesta. Esto significa que en el conjunto de información se identifican los vacíos que existen en la manera que van a obtener los datos que la complementan. También se debe establecer que actividades se adelantarán, quién lo van a hacer y con qué recursos se cuenta. Es importante tener presente en la planeación, en que tiempo se va a ejecutar la misión y organizar con mucho cuidado la información que constantemente se está recibiendo.

Recopilación y obtención de la información

Es el procedimiento mediante el cual el investigador utilizando diferentes métodos, acude a las fuentes para obtener la información que requiere y resolver el caso que investiga. Varía sustancialmente, pues ello depende de si la obtención se realiza como verificación o como investigación, teniendo en cuenta que en el primer caso hay limitaciones, teniendo en cuenta que en el primer caso hay limitaciones para el investigador por los amparos de reserva que tienen algunos tipos de información.

 Fuentes de información

Son consideradas como fuentes de información, las personas, cosas o lugares. Se clasifican en personas, documentos y diligencias judiciales.

Personas: figuran las víctimas, testigos, sospechosos y los informantes en general.

Documentos: videogramas, fotografías, libros, publicaciones oficiales, periódicos y revistas, boletines, facturas, comprobantes, grafitis, panfletos y además documentos de circulación cerrada de la variable de interés y los medios de comunicación (correos, apartados aéreos, fax, etc.).

Diligencias judiciales: comprende las diligencias de la Policía Judicial, prevista por la ley, como: inspecciones judiciales, allanamientos, interceptaciones, entrevistas, versión libre y espontánea, testimonios, peritazgo, entre otros.

Manejo de informantes

Los informantes son personas que suministran información sobre aspectos o temas de interés para la investigación. Por lo general no tiene ningún vínculo con la institución.

La entrevista dentro de la investigación criminal

La entrevista deberá efectuarse, hasta dónde sea posible, inmediatamente después de cometido el delito. Cada persona deberá ser entrevista en forma individual y ninguno de los sospechosos ni de testigos deben oír lo que manifiesta los demás. Es conveniente que testigos por entrevistar sobre todo lo más dignos de confianza, sean escuchados antes de entrevistar al sospechoso para que el experto en entrevista pueda estar suficientemente informado.

Análisis de la información

El investigador criminal, en conjunto con el grupo interdisciplinario deben realizar un juicioso y profundo análisis de la información que se ha recolectado durante el desarrollo del proceso investigativo.

Desarrollo investigativo

De las actividades de investigación y de las pruebas técnicas que se hayan ordenado surgen unos resultados que están consignados  en los diferentes informes que llegan al expediente. La información nueva se analiza de acuerdo de acuerdo con la ya establecida y con la hipótesis formulada. El desarrollo de la investigación es un ciclo que se repite hasta la información se va depurando, al punto que alcanzamos un conocimiento que nos facilita avanzar al siguiente paso.

Informes de investigación criminal

El informe de investigación criminal debe cumplir todos los requisitos legales y contener los principios que caracterizan el informe del policía judicial (investigador criminal) constituyéndose lo allá escrito en las bases para la práctica de pruebas útiles e indispensables que llevan al funcionario judicial a concluir sobre la certeza del hecho y la responsabilidad de los autores o partícipes.

TSJ-LOGO

Sentencia: N° 899 Fecha 01 de Agosto de 2000
Tema: Proceso de Intervención
Materia: Derecho Mercantil
Asunto: De las medidas preventivas o ejecutivas.
De las circunstancias que anteceden, así como del contenido de las disposiciones transcritas, se desprende que, en el caso de la sociedad mercantil CORPORACIÓN MIRANDA S.A., fue acordada su intervención y liquidación; que no hay constancia de que, en el caso de autos, se trate de una gestión judicial de cobro proveniente de hechos posteriores a la intervención, o de obligaciones cuya procedencia haya sido decidida por sentencia definitivamente firme, antes de la intervención; que, en el caso de la citada sociedad mercantil, es aplicable la disposición normativa que ordena la suspensión de toda medida preventiva o ejecutiva librada en su contra, y que prohíbe la continuación de las gestiones judiciales de cobro que se hubiesen iniciado a su respecto; que la satisfacción de los créditos existentes contra la referida sociedad mercantil debe intentarse mediante el procedimiento administrativo llevado a cabo por el Fondo de Garantía de Depositos y Protección Bancaria (FOGADE), debiendo acordarse el pago de las obligaciones, de la empresa en liquidación, en el orden previsto en el artículo 261 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras; y que, de conformidad con la excepción contemplada en el artículo 3 in fine del Código de Procedimiento Civil, debe cesar la competencia de los tribunales que hubiesen estado conociendo de acciones de cobro contra empresas sometidas a intervención o liquidación.
Sentencia: N° 914 Fecha 06 de Agosto de 2000

Tema: Hipoteca
Materia: Derecho Procesal Civil
Asunto: De la acción de amparo en el juicio ejecutivo.

La decisión apelada declaró la inadmisiblidad del amparo interpuesto, por considerar que la quejosa recurrió a otras vías judiciales para ejercer la acción que consideró pertinente ya que -según dicho fallo- la accionante procedió a denunciar los mismos hechos ante el Ministerio Público.
En este sentido, esta Sala observa que de la revisión de las actas procesales puede verificarse la idoneidad y lo infructuoso que resultó la vía penal ejercida por la hoy accionante a los fines de evitar o impedir un daño existente o uno ciertamente inminente e irreparable, toda vez que, aún eixtsiendo una denuncia penal en contra de las partes en el juicio civil -ejecutante y ejecutado- por la presunta comisión de un delito contra la propiedad -fraude- el Tribunal de la causa desechó, en sendas oportunidades, la petición formulada por la Fiscal respectiva del Ministerio Público sobre la paralización del juicio ejecutivo; antes por el contrario, ordenó su continuación, siendo el subsiguiente acto procesal el remate y adjudicación del bien hipotecado.
En este contexto, estima la Sala que, en el presente caso, la referida solicitud penal presentada por el Ministerio Público de conformidad con el artículo 292 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de la paralización del juicio civil, no fue suficiente para lograr la protección inmediata de la lesión constitucional alegada, por lo que la denuncia que originó dicha investigación penal no puede considerarse como un medio eficaz, breve y expedieto tendente al restablecimiento de la situación jurídica que se alega infringida…
Sentencia: N° 924 Fecha 08 de Agosto de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la infracción de normas de orden público y constitucional.

En los casos de infracción de normas de orden público y constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, podrá hacer pronunciamiento expreso, aunque dichas normas no hayan sido denunciadas por los interesados de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, porque con ello se amplía el control de la legalidad de la sentencia, en beneficio de las partes y en defensa de los derechos objetivos consagrados en la Constitución, a fin de cumplir con la prestación jurisdiccional del Estado.
El Tribunal Supremo de Justicia tiene el propósito de mantener los principios legales y a tales efectos corregir toda falsa interpretación o aplicación de la ley, pudiendo declarar de oficio las infracciones constitucionales y de orden público, por ser guardián y garante del derecho positivo existente y en protección de los derechos humanos de los particulares.
Sentencia: N° 939 Fecha 08 de Agosto de 2000

Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De las causales de inadmisiblidad.

En este contexto es menester indicar que la postura que sirve de fundamento al fallo apelado ha sido corregida progresivamente por esta Sala hasta el punto de considerar que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria (vid sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 entre otras); no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía -amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador.
Ahora bien, en el presente caso la empresa accionante no ha expuesto motivo alguno que permita a esta Sala llegar al convencimiento de que el medio idóneo para lograr una efectiva tutela judicial era el amparo, en razón de lo cual, la acción propuesta debe desestimarse por cuanto la accionante no agotó la vía ordinaria, de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Sentencia: N° 943 Fecha 08 de Agosto de 2000

Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Lo que procede contra una sentencia definitiva de primera instancia pronunciada en una causa de amparo.

Ahora bien, esta Sala tiene establecido que lo que procede contra una sentencia definitiva de primera instancia, pronunciada en una causa de amparo, es el recurso de apelación o, en su defecto, la consulta, pero no el ejercicio de una nueva acción de amparo.
Sentencia: N° 951 Fecha 08 de Agosto de 2000

Tema: Bases Comiciales
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Competencia de la Sala.

De manera que, habiendo sido asimilado el rango de las Bases Comiciales con el más alto escalafón de la jerarquía normativa en el Proceso Constituyente, es esta Sala Constitucional el tribunal competente para decidir de las acciones intentadas contra los actos de ejecución de dichas Bases, por cuanto el Constituyente de 1999, definió el régimen competencial de la Sala Constitucional, atendiendo al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, las dictadas en ejecución de las normas constitucionales, que son las de más alta jerarquía dentro del Poder Constituido. En el caso de autos, el Decreto impugnado fue dictado en ejecución directa de las Bases Comiciales, con la finalidad de “transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico”. En razón de lo cual, esta Sala resulta competente para conocer de la acción intentada.
Sentencia: N° 952 Fecha 08 de Agosto de 2000.

Tema: Nulidad ejercida conjuntamente con acción de amparo.
Materia: Derecho Tributario
Asunto: Del derecho de propiedad en la Ley Orgánica de Aduanas.

Con base a las normas anteriormente expuestas, se observa que si bien la propiedad es un derecho sujeto a determinadas limitaciones que deben encontrarse acorde con ciertos fines, tales como la función social, la utilidad pública y el interés general, tales limitaciones deben ser establecidas con fundamento en un texto legal, o en su defecto reglamentario que encuentre remisión en una Ley, no pudiendo, en caso alguno, establecerse restricciones de tal magnitud que menoscaben en forma absoluta tal derecho de propiedad.”
“De lo anteriormente expuesto, se colige que el derecho de propiedad reconocido constitucionalmente puede ser restringido por el Estado por medio de una ley, con fines de utilidad pública o de interés general, pero sin menoscabar el contenido esencial de tal derecho.
En ese sentido, esta Sala observa que, en el caso concreto, la norma contenida en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas no constituye una amenaza inminente de violación del derecho de propiedad de los accionantes, ya que la prohibición del desaduanamiento de bienes importados tiene su razón de ser, en la salvaguarda de derechos de propiedad intelectual previamente obtenidos en el país o derivados de acuerdos internacionales en los que la República es parte.
Asunto: De la prohibición de desaduanamiento en la Ley Orgánica de Aduanas.
La prohibición de desaduanamiento contenida en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas, tiene su sustento en la protección de derechos de propiedad intelectual que presuntamente pudieran ser vulnerados por la importación de mercancías que atenten contra derechos de propiedad intelectual obtenidos en el país o derivados de acuerdos internacionales de los que la República es parte.
En tal sentido, tal prohibición es una medida de urgencia que debe ser adoptada de inmediato en aras de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual. Posteriormente a la prohibición de desaduanamiento, el importador o propietario de la mercancia cuestionada, será notificado de la retención de la misma, a los fines de poder ejercer su derecho a la defensa.
Con base a lo anterior, esta Sala observa que, ciertamente la Ley Orgánica de Aduanas no contempla un procedimiento posterior, a los fines de que el importador pueda exponer sus alegatos y promover las pruebas que estime pertinentes; no obstante, debido a tal ausencia, deberá sujetarse tanto el importador o propietario así como las autoridades aduaneras, al procedimiento consagrado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en atención a su aplicación supletoria que ordena el artículo 139 de la Ley Orgánica de Aduanas…
Sentencia: N° 953 Fecha 08 de Agosto de 2000.

Tema: Recurso de Nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la vigencia de las leyes.

A los fines de decidir, observa esta Sala que en fecha 8 de septiembre de 1998, fue publicada en la Gaceta Oficial N° 36.534 Extraordinario, una nueva Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que derogó la ley contra la cual los accionantes interpusieron su recurso de nulidad, ley ésta que a su vez se encuentra parcialmente derogada, ya que en virtud de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, dicho órgano ha desaparecido dentro de la estructura organizativa del Poder Judicial venezolano, previéndose la creación en su lugar de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que estará adscrita a este Tribunal Supremo de Justicia, según lo establecido en el artículo 267 de la Constitución vigente, a fin de ejercer el gobierno y la administración del Poder Judicial.”
“El criterio expuesto anteriormente, tiene su fundamento en que las leyes derogadas por la entrada en vigencia de un nuevo texto legal, pierden su eficacia en el ordenamiento jurídico, por lo que, de ninguna manera, las mismas pueden contradecir preceptos constitucionales; por lo que siendo ello así, concluye esta Sala, que las leyes derogadas, deben ser excluidas de la posibilidad de ejercer contra ellas el recurso de inconstitucionalidad, por cuanto las mismas no son leyes vigentes…
Sentencia: N° 954 Fecha 08 de Agosto de 2000.

Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la improcedencia del recurso por inaplicación de la norma.

De conformidad con el artículo antes citado, la Sala estima que en nuestro ordenamiento jurídico, las leyes, e igualmente la vigencia de las mismas comenzará tal y como lo dispone el artículo 1° del Código Civil “desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique”. Siendo ello así, considera esta Sala que la ley recurrida mediante el presente recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad, fue derogada al publicarse en la Gaceta Oficial, en fecha 08 de septiembre de 1998, la nueva Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.
Sentencia: N° 955 Fecha 08 de Agosto de 2000.

Tema: Acción conjunta de amparo con nulidad
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: De la competencia de la Sala en cuanto de los Decretos Presidenciales.

De lo anterior emerge, de forma indubitable, que el criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional, atiende al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, que dichas actuaciones tienen una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho contemporáneo. En consecuencia, por cuanto el Decreto impugnado en autos ha sido dictado en ejecución de la potestad conferida al Presidente de la República en el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y tiene -tal como lo dispusiera el Constituyente de 1999- rango y fuerza de Ley, y de conformidad con la competencia expresa otorgada a esta Sala en el numeral 3 del artículo 336, estima esta Sala Constitucional que en razón del rango del acto atacado, es esta Sala el tribunal competente para conocer y decidir de la acción propuesta en autos. Así se declara.
Sentencia: N° 986 Fecha 09 de Agosto de 2000

Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Competencia de la Sala Político-Administrativa para conocer de las apelaciones contra decisiones de amparo cautelar por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

En relación con la competencia para conocer de las apelaciones que se formulen en torno a las decisiones de amparo cautelar dictadas por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo actuando en Primera Instancia, ya esta Sala Constitucional dejó establecido en su decisión de fecha 14 de marzo de 2000, caso: C.A. Electricidad del Centro (ELECENTRO) y Compañía Anónima de Electricidad de Los Andes (CADELA), que la misma corresponde a la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia.
Sentencia: 987 Fecha 09 de Agosto de 2000

Tema: Acción de amparo constitucional
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: La regla general atributiva de competencia sobre las acciones de amparo. Excepciones a la regla.

En atención a las disposiciones antes transcritas, puede afirmarse que la regla general atributiva de competencia sobre las acciones de amparo, consiste en otorgarle el conocimiento de las mismas a los Tribunales de Primera Instancia que conozcan en materias afines con los derechos o garantías constitucionales lesionados o amenazados de violación. Con ello quiso el legislador que los amparos fuesen resueltos por jueces -de primera instancia- que aplicaran sus conocimientos y experiencia especializada para resolver los amparos de una forma rápida y acertada, lo cual evidentemente repercutiría en la efectividad de la institución.

Sin embargo, la referida regla encuentra sus excepciones en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siendo una de ellas precisamente la contenida en el mencionado artículo 9 eiusdem, conforme al cual, en caso que la lesión denunciada se produzca en un lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, la acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta ante cualquier juez de la localidad..

Sentencia: N° 1020 Fecha 10 de Agosto de 2000

Tema: Pruebas
Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: Indicios y Presunciones

los jueces de mérito están facultados para apreciar libremente los hechos o circunstancias del proceso que puedan constituir elementos de la prueba indiciaria, cuando las presunciones o indicios no han sido creados e impuestos por la ley, pero que esa facultad de libre apreciación no exime a los jueces del deber de analizar y ponderar las razones de hecho y de derecho de los indicados elementos, precisando en que sentido deben valorarse como prueba de la culpabilidad del procesado,…
Sentencia: N° 1047 Fecha 14 de Agosto de 2000

Tema: Competencia
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Del pronunciamiento sobre el carácter orgánico de las leyes.

Tal como lo ha establecido esta Sala en sentencia N° 537 de fecha 12 de junio de 2000, expediente N° 00-1799, Caso: Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece cuatro categorías de Leyes Orgánicas, a saber: 1) las que así determina la Constitución; 2) las que se dicten para organizar los poderes públicos; 3) las que desarrollen derechos constitucionales, y 4) las que sirvan de marco normativo a otras leyes.
Según el mencionado fallo, la clasificación constitucional utiliza criterios de división lógica distintos, pues las categorías 1 y 4 obedecen a un criterio técnico-formal, es decir, a la prescripción de su denominación constitucional o la calificación por la Asamblea Nacional de su carácter de Ley marco o cuadro; mientra que las categorías 2 y 3 obedecen a un principio material ralativo a la organicidad del Poder Público y al desarrollo de los derechos constitucionales.
Sentencia: N° 1050 Fecha 22 de Agosto de 2000

Tema: Derechos Constitucionales
Materia: Derecho Constitucional
Asunto: Naturaleza del derecho y acción de habeas data.

El artículo 28 de la vigente Constitución establece el derecho de las personas a conocer la información que sobre ellas, hayan sido compiladas por otras. Dicha norma reproduce un derecho reconocido en varios países como Suecia, Noruega, Francia y Austria, entre otros. Tanto el Estado, como los particulares, mediante diversas formas de compilación de datos: manuales, computarizados, etc., registran y almacenan datos e informaciones sobre las personas o sobre sus bienes, y en vista que tal recopilación puede afectar la vida privada, la intimidad, el honor, la reputación, la vida económica y otros valores constitucionales de las personas naturales o jurídicas, la Constitución, para controlar tales registros, otorga varios derechos a la ciudadanía que aparecen recogidos en el artículo 28 citado… Se trata de derechos que giran alrededor de los datos recopilados sobre las personas o sobre sus bienes, por lo que se requiere un interés, personal, legítimo y directo en quien ejerza estos derechos, ya que es la información sobre su persona y bienes el que lo origina. Basta leer el artículo 28 de la vigente Constitución, para que todos estos derechos puedan identificarse.
Asunto: Legitimación para ejercer la acción de habeas data.
quien quiere hacer valer estos derechos (que conforman el habeas data), lo hace porque se trata de datos que le son personales, y ello mediante una acción que aun no ha desarrollado la ley, lo que a juicio de esta Sala no impide -que mientras la ley la establezca- se incoe mediante el recurso de amparo constitucional, si es que la infracción de los derechos que otorga el artículo 28 citado, lesionan la situación jurídica de las personas. Quien no alega que el habeas data se solicita para obtener información sobre sus datos registrados, carece de interés legítimo en tal acción, ya que no hace uso del derecho que otorga dicha norma, con los otros derechos que nacen de la misma, los cuales giran alrededor de las informaciones personales.

Definiciones

Cuerpo del delito son todas las materialidades relativamente permanentes sobre los cuales o mediante las cuales se cometió el delito, así como también cualquier otro objeto que sea efecto inmediato de ese delito o que en otra forma se refiere a él, de manera que pueda ser utilizado para su prueba. A saber; los medios materiales que sirvieron para preparar o cometer el delito; las cosas sobre las que lo cometió; las huellas dejadas por el delito o por el delincuente; las cosas cuya detentación, fabricación o venta o cuya portación o uso constituye delito; las cosas que representan el precio o provecho del delito; las cosas que son el producto del delito, a un indirecto; cualquier otra cosa (no el hombre viviente) en relación con el cual haya ejercido la actividad delictuosa o que haya ejercido la actividad delictuosa o que haya sufrido las inmediatas consecuencias del delito. (Manzini, 1951, p.500).

Cuerpo del delito es todo lo que acusa su existencia. (Jiménez de Esenjo, 1952, p.444).

Por otro lado cuerpo del delito es el conjunto de elementos materiales cuya existencia induce en el juez la certidumbre de la comisión de un hecho delictuoso. (Díaz, 1987, p.35).

Asimismo debe entenderse cuerpo del delito como el ente material poco más o menos perdurable que constituyen instrumentos, el objeto o los efectos del acto criminoso. (Fenech, 1952, p.299).

Otra definición del cuerpo del delito es aquella que señala aquellos elementos materiales relacionados en forma directa o indirecta con el delito y que constituye prueba dentro de la investigación penal. (Arburola, 2000, p.5).

Por otro lado, se tiene un concepto que se aparta de la doctrina mayoritaria de definir el cuerpo del delito es la coincidencia o relación poco o más menos perfecta entre un acto del hombre que llena los elementos de la definición de delito con una cualquiera de las disposiciones de la ley penal que establece un determinado acto como infracción. Al establecer si existe o no tal coincidencia es lo que debe consagrarse el investigador y así logra establecer el mentado cuerpo del delito. (Valderrama, 1982, p. 28).

Los elementos del cuerpo del delito

Los elementos del cuerpo del delito, se pueden enfocar desde tres esferas:

  • El corpus criminis.
  • El corpus instrumentorum.
  • El corpus probatorium.

El corpus criminis

Es la cosa o persona destinataria (receptora) de la acción delictiva ejecutada por una persona determinada.

Ejemplo: -En el huerto: la cosa mueble.

              – En el homicidio: el cuerpo del ofendido o víctima.

Recordemos que la víctima participa del principio de Locard o intercambio de indicios, entendido éste como aquél en donde entre el sitio del suceso, víctima e imputado, se producirá una relación de intercambio de indicios materiales entre ellos. (Arburola, 2000, p.5).

El corpus instrumentorum

Son aquellos medios o instrumentos que utilizó el imputado o indiciado para cometer un hecho delictuoso.

Ejemplo: – El arma de fuego para ocasionarle la muerte a la víctima.

     – La ganzúa para abrir la puerta de una casa de habitación y apoderarse

de varios bienes muebles.

    – El vehículo que se utilizó para cometer el asalto a un banco.

El corpus probatorium

Son aquellos indicios materiales (rastros, vestigios, huellas) que fueron dejados por el imputado en el sitio del suceso producto de su actuar delictivo. A nivel criminalístico-probatorio se le denominan “piezas de convicción”. (Arburola, 2000, p.6).

Naturaleza probatoria

El cuerpo del delito tiene doble naturaleza probatoria:

-Material.

-Probatoria.

Desde el punto de vista material son  las evidencia físicas-materiales, que nos pueden conducir al descubrimiento de un determinado hecho punible, esclareciéndonos la forma o “modus operandi” que medió para la consumación y por medio de los mismos, se logra la identificación del o de los autores. (Arburola, 1995, p. 19).

Desde el punto de vista probatorio es todo hecho conocido y debidamente comprobado, por medio del cual a través de una operación lógica nos puede conducir al conocimiento de otro hecho desconocido. (Arburola, 1995, p. 26).

A la luz de la investigación criminal, el cuerpo del delito como indicio material y probatorio es el punto de partida de cualquier investigación criminal y penal, de ahí la importancia para la represión o no de cualquier hecho punible.

El cuerpo del delito en la investigación criminal

En toda investigación criminal ejecutada por la Policía Judicial debe ejecutarse una serie de operaciones técnicas criminalísticas en el sitio del suceso, producto del hallazgo del cuerpo del delito. En un primer momento debe acordonarse la zona dónde se ejecutó el hecho punible para evitar que curiosos alteren en forma voluntaria o involuntaria los indicios materiales  encontrados (cuerpo del delito). Posteriormente debe realizarse una inspección ocular, para proceder a la ubicación y fijación de los indicios, así como el levantamiento del acta y plano. Una vez finalizado los anteriores procedimientos se procederá al embalaje, levantamiento y etiquetado de los mismos. Por levantamiento deben entenderse como aquella operación que nos permita recoger la evidencia del sitio del suceso. El embalaje es aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y lograr la protección de un indicio y el etiquetado es la operación final que se realiza con el fin de obtener una reseña del lugar de procedencia de la evidencia material sometida a estudio. En ésta operación cada indicio es individualizado, adjuntándose una etiqueta. (Arburola, 1992, págs. 46-47). Luego se trasladará el cuerpo del delito al laboratorio de ciencias forenses del Organismo de Investigación Judicial, con la solicitud de dictamen criminalístico, para efectos de emisión de  la respectiva prueba pericial.